Movilizaciones masivas y asambleas marcan el momento actual
del movimiento.
El jueves 20 de abril se realizó una gran movilización
estudiantil precedida de clases públicas, en defensa de la educación y en
repudio a la reciente represión de la policía del gobernador Gerardo Morales
que ingresó a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU y detuvo al
presidente del Centro de Estudiantes de esa Facultad y a otro estudiante. Este
atropello a la autonomía universitaria fue ejecutado bajo el amparo del Código
Contravencional sancionado durante el gobierno de Eduardo Fellner (FpV) y
aplicado hoy por Morales.
La movilización estudiantil fue la más importante de los
últimos años, con más de 300
estudiantes, docentes y trabajadores que repudiaron el accionar represivo del
gobierno.
Participaron de la
marcha los estudiantes detenidos Joaquín Quispe e Ignacio García, la Asamblea
de Estudiantes Autoconvocados, distintas agrupaciones estudiantiles, el gremio
ADIUNJU, organizaciones de mujeres, partidos políticos, estudiantes de la escuela
de cine de Jujuy, y estudiantes independientes de distintas facultades. Los que
brillaron por su ausencia fueron la Federación Universitaria Jujeña (FUJ) y las
direcciones de los distintos centros de estudiantes, dirigidos por el PJ y la
Franja Morada. Ante esta defección, es que los estudiantes decidieron convocar
una Asamblea de autoconvocatoria para romper el impasse peronista-radical.
Esta respuesta del movimiento estudiantil forma parte de un
creciente repudio a las políticas represivas y antieducativas del gobierno
nacional y los gobernadores de las provincias. El repudio nacional al hecho fue
tan rotundo que el gobierno que salió a defender la actuación policial en las
primeras horas tuvo que recular y pedir la renuncia del jefe y subjefe de la
policía y la detención de los 17 oficiales que intervinieron en el operativo.
Otro triunfo de la movilización estudiantil y docente fue que obligó al Consejo
Superior a no aceptar las disculpas del gobernador, a evaluar las acciones
legales pertinentes y a exigirle al rector el pedido de derogación del Código
Contravencional.
La lucha política al interior del movimiento y cómo la
seguimos
En este escenario de
movilización, los distintos partidos y frentes del régimen (PJ, FpV, radicales,
Cambiemos) juegan a favor de que este proceso se corte. El peronismo apostó a
un golpe mediático pero no tiene intenciones de llevar a fondo ninguna reivindicación.
En la propia sesión de Consejo, luego de votado el pedido de derogación del
Código, se planteó que se consulte con la mesa jurídica de la universidad para
dilucidar si es inconstitucional o no su aplicación. Otro tanto sucede en el
movimiento estudiantil: en un audio que se viralizó días antes de la marcha se
pudo escuchar al presidente de la FUJ Matías Figueroa (PJ) llamando
abiertamente a ''desarticular'' el movimiento y elementos de la facultad de
humanidades; la Franja Morada viene realizando una campaña bajada desde el
propio Morales, que consiste en desprestigiar y estigmatizar a la juventud
implantando prejuicios injustificados. El kirchnerismo residual, a la rastra de
los planteos de su responsabilidad con la instauración del código contravencional,
intenta aparatear en el movimiento ocultando esta complicidad.
Dentro de la Asamblea
de Estudiantes Autoconvocados, también se delimitan posiciones. La UJS-PO ha
intervenido en todo este proceso planteando la necesidad de una campaña del
movimiento estudiantil por la derogación del Código. A este planteo han
adherido otras agrupaciones. Sin embargo, un sector encabezado por la CEPA
(PCR) y el kirchnerismo residual, tienen un planteo de ´´institucionalizar la
lucha´´ mediante la consulta a abogados si el código contravencional es
constitucional o no; y el armado de mesa para explicar qué es el código y
cuáles son sus elementos negativos y sus elementos positivos.
Para la UJS-PO el código es una herramienta política
utilizada por el Gobierno para reprimir las manifestaciones de los trabajadores
y de la juventud, como se ve en el hecho de que se ha aplicado en cada
manifestación donde intervino la policía. En este sentido, planteamos lisa y
llanamente una campaña por su derogación, a través de juntadas de firmas, de
pronunciamientos, que refuerce un plan de lucha mediante asambleas, clases
públicas, etc. para apoyar la lucha nacional de todos los sectores combativos
en defensa de la educación pública y participar de la marcha federal educativa
el próximo 16 de mayo.
De esta rica experiencia, el movimiento estudiantil que
despertó debe sacar las conclusiones políticas: superar la burocracia
estudiantil enquistada en los centros de estudiantes y la federación que han
actuado como freno y oposición a la movilización; conquistar estos espacios
para ponerlos al servicio de las luchas en defensa de la educación pública. Ese
es el desafío que nos proponemos.
Andy y Martin
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