La corte Suprema de Justicia de
la Nación se declaró incompetente en la acción elevada por distintos organismos
de DDHH contra la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. El fallo
lleva las firmas de los doctores Lorenzetti, Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda.
El máximo tribunal decidió
remitir al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy -un cuerpo
integrado por funcionarios de Morales y que responde a todos sus designios- las
actuaciones, para que sea este quien defina el tribunal que debería intervenir
el proceso. Ponen al zorro a cuidar las gallinas.
No es la primera vez que la Corte
tiene una actitud sibilina sobre reclamos en Jujuy: el año pasado la Corte
rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de [Milagro Sala,
dejando por sentado una condena ‘tacita’ sobre ella]
(https://politicaobrera.com/8525-la-corte-suprema-sanciona-una-condena-tacita-contra-milagro-sala).
El pasado 10 de octubre la Corte
había corrido traslado al Estado provincial sobre la acción declarativa de
inconstitucionalidad, por lo que la justicia estableció un plazo de 60 días al
gobierno de la provincia para presentar las pruebas correspondientes sobre lo
actuado, como así también a los demandantes (Página12, 9/11).
La Corte, con todas las pruebas
en la mano, ha decidido remitírselas a los organismos de justicia provinciales
y evitar fijar una posición.
La Constitución reformada por
Morales ha incluido artículos que chocan con derechos y garantías reconocidos
por la Constitución Nacional y Tratados internacionales, como por ejemplo el
derecho de huelga, entre otros. La Corte Suprema se lava las manos cuando
debería ser ella quien define si hay incompatibilidades con una ley superior.
El fallo además da un golpe a la orientación
democratizante que han adoptado una serie de sectores para enfrentar al
gobierno de Morales, desde un sector del PJ, El Tercer Malón de la Paz y hasta
la Intergremial, quienes en un momento de la lucha contra la reforma plantearon
este cambio de orientación.
Operativo distraer
Diversos funcionarios radicales
de Jujuy han salido a festejar la decisión de la Corte como un aval político a
la reforma y la plena vigencia de la Constitución provincial.
El fallo de la Corte sobre la
reforma de la Constitución jujeña se produce en medio de una andanada de
denuncias y planteos de inconstitucionalidad sobre el protocolo antipiquetes y
el DNU reaccionario que emitió el gobierno de Milei.
La Corte Suprema ya dio un
adelanto de que no piensa reaccionar ni mucho menos intervenir en favor de los
derechos y conquistas de los trabajadores y los jubilados argentinos, frente a
uno de los mayores atropellos en décadas por parte del gobierno.
El atajo judicial, que hoy
levanta la burocracia de la CGT y es acompañada por un abanico de
organizaciones desde las CTA al FIT-U, pretende generar una expectativa de que
la justicia -o el parlamento- frene un ataque contra los trabajadores que solo
podrá ser detenido por una huelga general.
La experiencia jujeña demuestra que
la casta judicial tiene intereses ajenos a los de los trabajadores.
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