El miércoles 27, una delegación
de miembros del SEOM, sindicatos de municipales de Jujuy, junto al referente
histórico del gremio Carlos “Perro” Santillán, se dirigían a participar de
movilización de la CGT para presentar un amparo contra el DNU de Milei en el
Palacio de Tribunales.
Un retén de la Gendarmería a la
altura de Zárate detuvo el micro y exigió su retorno inmediato a Jujuy, so pena
de secuestrar el mismo e imponer una multa millonaria al propietario. El
colectivo tenía todos los papeles y seguros para circular. Durante el
operativo, tampoco se permitió que descendiera ningún integrante de la
comitiva. Finalmente, fueron escoltados por vehículos de Gendarmería hasta la
Estación terminal de ómnibus Dellepiane donde el micro quedó retenido.
La demora, secuestro de un
vehículo y su escolta por parte de Gendarmería resulta llamativo porque éste
iba a participar de una jornada donde la CGT había solicitado previamente
permiso a las autoridades para manifestarse y hasta había suscrito un seguro
civil de $10 millones por si ocurría alguna eventualidad. Es decir, era una
delegación que participaba de una actividad reconocida y avalada por Bullrich y
sus secuaces.
Es evidente que el objetivo
supera el propio hecho en sí mismo y pretende instalar un cuadro de disuasión
de las movilizaciones y marchas en medio de un ajuste brutal sobre los
trabajadores.
El gobierno nacional viene
aplicando el reaccionario protocolo antipiquetes aún más lejos de las normas
que el propio protocolo dispone, como el impedimento a la libre circulación
dentro del territorio y la detención o demora de personas ante la presunción de
que van a participar de una movilización o reclamo -esto fue muy claro el 20 de
diciembre con los retenes policiales que detenían colectivos urbanos y pedían
documentos a los pasajeros presuntamente ‘manifestantes o piqueteros’.
Desde ya que este accionar no
puede ser disociado del cuadro político de conjunto, del derrumbe del peronismo
y la intentona de Milei de gobernar por decreto. No es producto de que estamos
frente a un estado de excepción o métodos de una dictadura como caracterizan
algunas organizaciones, sino al propio Estado de derecho bajo el cuadro de
descomposición final del régimen.
Desde Política Obrera repudiamos
la detención y demora de la delegación del SEOM, nos solidarizamos con todos
ellos y con todos los que han sufrido los atropellos policiales en el operativo
El avasallamiento de las
libertades individuales, incluida una de las más importantes que es el derecho
de protesta, no puede ser negociada con el régimen político que busca
cercenarla, sino combatida abiertamente por parte de los trabajadores -que
deberán superar los límites de las actuales direcciones- mediante la huelga
general para imponer todos sus reclamos.
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