La detención del Docente Marcelo
Nahuel Morandini “por tuitear”, y de Humberto Roque Villegas, “por compartir
flyers y memes”, ha cobrado relevancia nacional en muchos portales de noticias
y generado preocupación y reclamo de organizaciones, gremios e inclusive
organismos de DDHH.
Estas personas fueron detenidas
el 4 de Enero en un procedimiento completamente irregular, sin aclarar la causa
de detención, con un operativo policial de grandes proporciones y hasta con
automóviles sin patente ni identificación policial.
La detención se produce porque
estas personas habrían compartido comentarios y chistes en las redes sociales
sobre un supuesto caso de infidelidad en la pareja del exgobernador de Jujuy,
algo que está circulando en las redes no sólo a nivel provincial sino también a
nivel nacional. El matrimonio Morales dice que es una “operación en su contra”
(Perfil 5/1).
El juez dispuso de la detención
preventiva por 60 días en la audiencia, mientras se sustancia el proceso
judicial por delitos graves como causar daño en el cuerpo o en la salud de otra
persona, o suprimir, alterar o hacer incierto el estado civil o la identidad de
otra persona (Arts 89, 138 y 139). La situación de los detenidos es grave
porque se los imputa de delitos con figuras legales utilizadas para denunciar la
apropiación ilegitima de bebes durante la ultima dictadura, y la apropiación de
personas para fines como tráfico y trata.
El ministro de gobierno, Justicia
y DDHH de la Provincia, Normando Alvarez Garcia, y la Presidenta del concejo de
la Mujer Lourdes Navarro, declararon que van a ir “hasta las últimas
consecuencias con los actos criminales contra la pequeña hija del exgobernador”
(El Tribuno 5/1 22:50). No sólo ratifican lo dispuesto por la justicia sino que
anunciaron nuevas detenciones en las próximas horas. Los voceros del Gobierno
tratan de presentar el hecho como un ataque a una infante de dos años que
‘sufre’ por las cosas que se publican en las redes sociales.
La utilización de estas figuras
legales por una broma en las redes sociales, no solo es un reforzamiento del
carácter represivo del gobierno, sino la demostración de una justicia de clase
que puede intervenir de esta forma en un caso particular, pero que jamás ha
intervenido en los casos de una provincia donde el robo de bebes -o su intento-
en hospitales y viviendas es una lamentable moneda corriente, que fue la
capital del femicidio durante la pandemia y donde está uno de los corredores
mas importantes de trata de personas del país.
Desde Politica Obrera exigimos la
inmediata libertad de los dos detenidos y la anulación de todas las causas que
el gobierno esta armando en su contra.
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