Paro de transporte, nuevos impuestos y recortes y
una paritaria ‘negativa’.
Luego del hundimiento de la Ley Ómnibus en el
Congreso, se produjo una ruptura formal de comunicaciones entre el gobierno
provincial y Nación, desde que Milei acusó al gobernador jujeño y otros
mandatarios de ‘traidores’ por haber mandado a sus diputados a votar en contra
de algunos artículos de la ley. En represalia, el gobierno nacional anunció la
eliminación del Fondo Compensador -utilizado para subsidiar el transporte-, el
FONID -Incentivo Docente- y todas las partidas especiales por fuera de la coparticipación.
El gobierno provincial, por su parte, ha emitido un
decreto modificando el régimen impositivo provincial para poder cobrarle a toda
mercadería que ingrese, egrese o pase por el territorio (Infobae, 18/2). “La
medida alcanza tanto a alimentos, como carne vacuna , porcina y de pollo,
harinas, huevo, arroz aceite, cervezas y fideos, como a artículos que ingresan
a zonas fronterizas o que provengan de ferias maristas o predios de similares
características, sin importar que rubro sean” (Resolución General N 1661). El
gobierno pretende establecer un régimen de pago a cuenta del impuesto sobre los
ingresos brutos, y por esta vía recaudar parte de los recursos que la provincia
ha dejado de recibir por la suspensión de las transferencias de Nación.
En principio, esta medida tendría poco impacto en
la recaudación, y el costo será trasladado directamente al consumidor con el
aumento de los precios, especialmente en los productos de consumo masivo como
los alimentos.
La política persecutoria del gobierno de Gerardo
Morales es continuada ahora por Carlos Sadir, en permanente tensión:
recientemente la Justicia sobreseyó a 41 de los imputados por luchar contra la
reforma constitucional, a la vez que mantiene detenidos a Morandini y Villegas
por tuitear, un caso que ya es un escándalo nacional.
Paro de transporte
La provincia atraviesa el cuarto día de un paro
general del transporte en reclamo del pago de los salarios del mes de enero.
Los choferes reclaman el pago integral del salario. Hasta el momento solo han
percibido el 30% de sus haberes.
La crisis de transporte suma un nuevo episodio en
la provincia. La patronal del transporte, que reclama más subsidios, viene de
obtener un ajuste mensual del precio del boleto urbano, que pasará, a partir
del 1 de marzo, de $267 a $480. Además plantea la necesidad de eliminar el BEGU
(boleto estudiantil que abarca desde la primaria hasta estudios de grado),
abonos docentes y para personas con algún tipo de discapacidad.
La patronal sugirió que el Estado debería hacerse
cargo de los salarios del personal y ella, de los insumos y mantenimiento de la
flota. Al mismo tiempo, los empresarios se niegan a abrir los libros contables
de las empresas y que se estudien los costos.
Por el momento no hay respuestas a los reclamos
obreros, a pesar de la suba mensual del importe del boleto.
Paritarias al rojo vivo
El gobierno anunció la oferta salarial para los
docentes -los primeros en la cadena de negociación con los trabajadores
estatales- antes de la reunión paritaria propiamente dicha. Fue de un mísero
30% en tres cuotas –15% no remunerativo en febrero, 10% en marzo y 5% abril.
Asimismo, la provincia aclaró que no está en condiciones de hacerse cargo del
ítem FONID (Incentivo docente), por lo cual el piso salarial pasaría de 250 mil
pesos a 221 mil pesos. No se trata solamente de un aumento miserable: ni
siquiera puede hablarse de aumento propiamente dicho. El pago de la cooperadora
pasó a ser compulsivo en algunas instituciones y supera los 10 mil pesos por
alumno. A este cuadro se suma el recorte de alimentos para los comedores
barriales.
El gobierno anticipó que va a ofrecer lo mismo al
resto de los trabajadores del Estado, cuyo salario inicial es inclusive menor
que el de los docentes. Los docentes piden un piso salarial de 500 mil pesos y
los estatales, de 450 mil pesos.
El sindicato docente CEDEMS ha convocado a una
asamblea masiva para el sábado 24 para debatir la propuesta salarial. El SEOM
también ha convocado para definir medidas.
La desorganización económica que promueve el
gobierno destruye las condiciones de vida de los trabajadores. Para quebrarla,
es necesaria la organización de los trabajadores y la coordinación de las
luchas y reclamos con la perspectiva de una huelga general.
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