lunes, 4 de enero de 2016

JUJUY: EL “CAMBIO” Y LA NECESIDAD DE UN PROGRAMA

En la primera semana de gobierno, el nuevo gobernador radical, Gerardo Morales, convocó tres sesiones extraordinarias de la Legislatura, y en la última votó un paquete de leyes con la intención de granjearse un fuerte apoyo popular. Las mismas merecen un análisis profundo.
Se votó la creación de una Oficina Anticorrupción, el boleto estudiantil gratuito provincial (Begu), el cese de la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua, la estatización de Agua de los Andes SA, la emergencia en materia de seguridad, el concurso público para la selección de jueces, la creación de seis nuevos municipios, la conversión del Banco de Acción Social en Banco de Desarrollo con el propósito de ampliar su intervención, la creación de ministerios y juzgados, la reforma de la ley 4444 para facilitar el acceso a la información pública, entre las principales medidas.

Algunas de esas disposiciones implicarán dolores de cabeza para el gobierno en el futuro: la estatización de Aguas de los Andes ha sido un rescate de la empresa, incapaz de dar soluciones a los sistemáticos cortes de agua, mucho menos de proveer agua y cloacas a todos los nuevos barrios y asentamientos que se produjeron en la provincia. Se anunció la posibilidad de solicitar créditos internacionales para esta empresa, lo que significará más aumentos de tarifas a los nuevos y viejos usuarios del servicio. El Begu deberá afrontar el problema del financiamiento: el gobierno ha propuesto hacerlo con un impuesto al juego, pero esto ya ha fracasado en la implementación del Begu de la capital, por lo que el Ejecutivo ha dicho que en una primera instancia se hará cargo el Ejecutivo provincial. El cese de la explotación petrolera tiene como telón de fondo la caída estrepitosa de los precios a nivel internacional, lo que hace improductiva la explotación por el momento (dentro del parque Calilegua hay 22 pozos petroleros, de los cuales sólo seis estaban activos). Las medidas de fondo no serán tan “democráticas” ni “mediatizadas” porque no podrán presentarse como un progreso. La provincia ha votado un presupuesto deficitario previo a la devaluación del gobierno nacional, lo que implica un recorte más fuerte a los recursos de la provincia. Deberá discutir paritarias y los conflictos con las organizaciones sociales no serán tratados en sesiones especiales. Querrán ser resueltos vía decretazos.

Como reflejo del conjunto, en Jujuy se pretende establecer un giro que lleva a la regimentación y represión de la protesta social. A la declaración de emergencia en seguridad, se sumó el llamado de fuerzas de Gendarmería para reprimir la movilización de Milagro Sala. Al gobierno provincial le salió mal la jugada: el colectivo que venía a Jujuy se estrelló y causó la muerte de 42 gendarmes, con lo cual tuvo que suspender el operativo. Eso no impidió a Morales responsabilizar a Sala por la tragedia. El gobierno trata de desviar la atención frente al intento de imponer la regimentación de la protesta social, el control de la calle y la ‘circulación por las rutas. ¿Qué dirá el gobierno ahora que se presentaron denuncias de que el vehículo no cumplía con las condiciones mínimas para circular, y que el chofer estaba en tratamiento psicológico y no debería haberse ocupado del manejo? (La Nación, 18 y 20/12).

La batalla de fondo

Lo que se trata de presentar como una disputa entre “democráticos” y “autoritarios” esconde la disputa que tienen por el control de partes del aparato del Estado. No hay una cuestión de principios. Mientras la disputa está en curso una intensa negociación sobre el manejo de una porción del presupuesto.

El gobierno provincial necesita recuperar el control del Estado, recuperar sus atribuciones. Es así que pretende poner en caja a las organizaciones sociales, empezando por la más grande, encabezada por su principal rival político.

En un primer momento, Milagro Sala pretendió abrirse de la disputa política, presentó su renuncia como legisladora jujeña (le quedaban dos años de mandato) y se aprestó a jurar como diputada del Parlasur a la espera de aires más tranquilos; convocó asambleas en los establecimientos para anunciar esta decisión. Horas más tarde se convenció o la convencieron de que no podía dejar la dirección del movimiento y encabezó una movilización y acampe al frente de Casa de Gobierno para reclamar ser atendidos y discutir la continuidad de las cooperativas.

Gerardo Morales les contestó que no va a atender a nadie por medio de la “extorsión” y anunció que todas las cooperativas tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para inscribirse en el Estado y regularizar los procedimientos de adjudicación y ejecución de obras, previo una serie de medidas: bancarización de sus integrantes, control de los recursos y auditorias y rendición de cuentas.

El planteo del gobierno presenta varios cuestionamientos: primero, interviene directamente en las organizaciones sociales, con el agravante de dejar un precedente y meterse en la vida de todas ellas; segundo, no hay garantías de que todas las cooperativas mantengan su trabajo ni a lo largo del tiempo; tercero, elimina la organización independiente, al pasar cada cooperativa a dejar su “currículum” a una oficina del Estado y esperar ser contratada; cuarto, ataca directamente la posibilidad de generar empleo genuino suplantando con trabajo precario (por ejemplo, en las vacaciones las cooperativas van a arreglar escuelas, trabajo que corresponde a personal de mantenimiento del Ministerio de Educación).

El Partido Obrero se solidariza con los trabajadores de estas cooperativas y denuncia que la “década ganada” K sólo ha generado precarización laboral, una competencia desleal donde el Estado utiliza mano de obra por una fracción de salario de convenio.

Denunciamos a los gobiernos de Macri y Morales como los agentes continuadores de este modelo K de precariedad.

Llamamos a una deliberación política de todos los trabajadores de las cooperativas, que hagan un balance en la perspectiva de una federación de cooperativas, sobre la base de la más amplia democracia interna, con elección de delegados y revocabilidad de mandatos, a levantar este programa exigiendo un plan de obras públicas que contemple viviendas, alumbrado, agua y cloacas, etc., y retomar la consigna del trabajo genuino, el pase a planta y salario de convenio.

Una derrota de las cooperativas significará la punta de lanza de todo un ataque sobre los trabajadores.


Los trabajadores jujeños enfrentan el desafío de delimitarse y desenmascarar el gobierno de Morales, y organizarse para enfrentar el ajuste bajo un programa que reivindique la independencia política de los trabajadores.


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