En la primera semana de gobierno, el nuevo gobernador
radical, Gerardo Morales, convocó tres sesiones extraordinarias de la
Legislatura, y en la última votó un paquete de leyes con la intención de
granjearse un fuerte apoyo popular. Las mismas merecen un análisis profundo.
Se votó la creación de una Oficina Anticorrupción, el boleto
estudiantil gratuito provincial (Begu), el cese de la explotación petrolera en
el Parque Nacional Calilegua, la estatización de Agua de los Andes SA, la
emergencia en materia de seguridad, el concurso público para la selección de
jueces, la creación de seis nuevos municipios, la conversión del Banco de
Acción Social en Banco de Desarrollo con el propósito de ampliar su
intervención, la creación de ministerios y juzgados, la reforma de la ley 4444
para facilitar el acceso a la información pública, entre las principales
medidas.
Algunas de esas disposiciones implicarán dolores de cabeza
para el gobierno en el futuro: la estatización de Aguas de los Andes ha sido un
rescate de la empresa, incapaz de dar soluciones a los sistemáticos cortes de
agua, mucho menos de proveer agua y cloacas a todos los nuevos barrios y
asentamientos que se produjeron en la provincia. Se anunció la posibilidad de
solicitar créditos internacionales para esta empresa, lo que significará más
aumentos de tarifas a los nuevos y viejos usuarios del servicio. El Begu deberá
afrontar el problema del financiamiento: el gobierno ha propuesto hacerlo con
un impuesto al juego, pero esto ya ha fracasado en la implementación del Begu
de la capital, por lo que el Ejecutivo ha dicho que en una primera instancia se
hará cargo el Ejecutivo provincial. El cese de la explotación petrolera tiene
como telón de fondo la caída estrepitosa de los precios a nivel internacional,
lo que hace improductiva la explotación por el momento (dentro del parque
Calilegua hay 22 pozos petroleros, de los cuales sólo seis estaban activos).
Las medidas de fondo no serán tan “democráticas” ni “mediatizadas” porque no
podrán presentarse como un progreso. La provincia ha votado un presupuesto
deficitario previo a la devaluación del gobierno nacional, lo que implica un
recorte más fuerte a los recursos de la provincia. Deberá discutir paritarias y
los conflictos con las organizaciones sociales no serán tratados en sesiones
especiales. Querrán ser resueltos vía decretazos.
Como reflejo del conjunto, en Jujuy se pretende establecer
un giro que lleva a la regimentación y represión de la protesta social. A la
declaración de emergencia en seguridad, se sumó el llamado de fuerzas de
Gendarmería para reprimir la movilización de Milagro Sala. Al gobierno
provincial le salió mal la jugada: el colectivo que venía a Jujuy se estrelló y
causó la muerte de 42 gendarmes, con lo cual tuvo que suspender el operativo.
Eso no impidió a Morales responsabilizar a Sala por la tragedia. El gobierno
trata de desviar la atención frente al intento de imponer la regimentación de
la protesta social, el control de la calle y la ‘circulación por las rutas.
¿Qué dirá el gobierno ahora que se presentaron denuncias de que el vehículo no
cumplía con las condiciones mínimas para circular, y que el chofer estaba en
tratamiento psicológico y no debería haberse ocupado del manejo? (La Nación, 18
y 20/12).
La batalla de fondo
Lo que se trata de presentar como una disputa entre
“democráticos” y “autoritarios” esconde la disputa que tienen por el control de
partes del aparato del Estado. No hay una cuestión de principios. Mientras la
disputa está en curso una intensa negociación sobre el manejo de una porción
del presupuesto.
El gobierno provincial necesita recuperar el control del
Estado, recuperar sus atribuciones. Es así que pretende poner en caja a las
organizaciones sociales, empezando por la más grande, encabezada por su
principal rival político.
En un primer momento, Milagro Sala pretendió abrirse de la
disputa política, presentó su renuncia como legisladora jujeña (le quedaban dos
años de mandato) y se aprestó a jurar como diputada del Parlasur a la espera de
aires más tranquilos; convocó asambleas en los establecimientos para anunciar
esta decisión. Horas más tarde se convenció o la convencieron de que no podía
dejar la dirección del movimiento y encabezó una movilización y acampe al
frente de Casa de Gobierno para reclamar ser atendidos y discutir la
continuidad de las cooperativas.
Gerardo Morales les contestó que no va a atender a nadie por
medio de la “extorsión” y anunció que todas las cooperativas tienen tiempo
hasta el 31 de diciembre para inscribirse en el Estado y regularizar los
procedimientos de adjudicación y ejecución de obras, previo una serie de
medidas: bancarización de sus integrantes, control de los recursos y auditorias
y rendición de cuentas.
El planteo del gobierno presenta varios cuestionamientos:
primero, interviene directamente en las organizaciones sociales, con el
agravante de dejar un precedente y meterse en la vida de todas ellas; segundo,
no hay garantías de que todas las cooperativas mantengan su trabajo ni a lo
largo del tiempo; tercero, elimina la organización independiente, al pasar cada
cooperativa a dejar su “currículum” a una oficina del Estado y esperar ser contratada;
cuarto, ataca directamente la posibilidad de generar empleo genuino suplantando
con trabajo precario (por ejemplo, en las vacaciones las cooperativas van a
arreglar escuelas, trabajo que corresponde a personal de mantenimiento del
Ministerio de Educación).
El Partido Obrero se solidariza con los trabajadores de
estas cooperativas y denuncia que la “década ganada” K sólo ha generado
precarización laboral, una competencia desleal donde el Estado utiliza mano de
obra por una fracción de salario de convenio.
Denunciamos a los gobiernos de Macri y Morales como los
agentes continuadores de este modelo K de precariedad.
Llamamos a una deliberación política de todos los
trabajadores de las cooperativas, que hagan un balance en la perspectiva de una
federación de cooperativas, sobre la base de la más amplia democracia interna,
con elección de delegados y revocabilidad de mandatos, a levantar este programa
exigiendo un plan de obras públicas que contemple viviendas, alumbrado, agua y
cloacas, etc., y retomar la consigna del trabajo genuino, el pase a planta y
salario de convenio.
Una derrota de las cooperativas significará la punta de
lanza de todo un ataque sobre los trabajadores.
Los trabajadores jujeños enfrentan el desafío de delimitarse
y desenmascarar el gobierno de Morales, y organizarse para enfrentar el ajuste
bajo un programa que reivindique la independencia política de los trabajadores.
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