La abogada
de la menor, Elizabeth Gomez Alcorta -exministra de la mujer-, junto a la
abuela de la niña, la abogada Ivone Haquim (hermana del ex vicegobernador de Jujuy),
presentaron un recurso extraordinario federal para elevar el reclamo a la Corte
Suprema de Justicia, alegando manifiesta discrecionalidad del tribunal
provincial. En un comunicado, los abogados aseguran que se trata de un caso
«con connotaciones políticas» y detallan: «No se descarta que la absolución de
Fiad haya respondido a compromisos políticos, dada la vinculación entre el
acusado de este grave delito y el exgobernador de la provincia» (el Submarino
9/5).
Los
"hijos" del poder y Justicia a la carta
La causa
contra el sobrino de Fiad no es la única denuncia de encubrimiento a los
“hijos” del poder en la provincia de Jujuy, quienes han resultado impunes y
cubierto sus hechos. Uno de los mas resonantes es el asesinato del joven Matías
Puca, atropellado por un automóvil mientras caminaba volviendo de los desfiles
de carrozas en la semana del estudiante. Misteriosamente, esa noche hubo un
‘atentado’ al sistema de cámaras de seguridad vial por lo que se borraron todas
las filmaciones de lo que pasó.
Recientemente,
la justicia jujeña tomó una medida escandalosa de detener preventivamente por
60 días a Roque Villegas y Nahuel Morandini por tuitear sobre una supuesta
infidelidad de la esposa del exgobernador Morales, donde intervino todo el
aparato del Estado: Justicia, Secretaría de la Mujer, de la Niñez, llegando a
imputarlo de supresión de identidad, que terminó en una rotunda derrota por la
movilización popular para exigir la liberación y contra la persecución
política. Una vez más, vemos cómo actúa la justicia a la carta en la provincia
de Jujuy.
Un caso
testigo
Estamos
frente a un caso testigo, porque si bien no se trata de un disputa ’entre
familias del poder’, la víctima tiene los recursos económicos y también
políticos para llevar el caso hasta las últimas consecuencias y denunciar todas
las maniobras por el conocimiento del manejo de la justicia. Este caso ya
hubiera caído de no tratarse de una familia con estos recursos para reclamar
justicia.
La denuncia
por el abuso de la menor se realizó en 2019 y luego de tres años recién llegó a
juicio, luego de varias maniobras dilatorias para que Gustavo Fiad quede
impune. Entre tantas denuncias, la abuela de la menor apuntó contra el Fiscal
General del MPA (Ministerio Público de la Acusación), Sergio Lello Sanchez, por
encubrir al acusado (Jujuy Dice 9/5).
La
Secretaría de la Niñez y la de la Mujer, que actuaron de oficio como
denunciantes cuando el poder político se lo reclamó (caso tuiteros), en esta
ocasión no sólo no han intervenido, sino que ni siquiera han manifestado una
posición en este caso.
Nuevamente
queda demostrado que en Jujuy las instituciones que deberían bregar por los
derechos de todos responden únicamente las órdenes del Poder Ejecutivo
provincial.
La lucha por justicia para la menor y para todos los casos impunes en la provincia requiere de una gran movilización popular, de la denuncia sistemática de todas las intuiciones y de una lucha a fondo contra el poder político que pretende utilizar la justicia como una herramienta de regimentación política y de encubrimiento.
Comentarios