El gobierno jujeño logró la
aprobación, el pasado 21 de agosto, del paquete de tres leyes conocido como
“desprecarización laboral” con el apoyo en general de todos los bloques
legislativos.
Pese a que el gobierno se jactó,
durante meses, de estar resolviendo el problema de la precarización de los
empleados públicos, ninguno de los tres proyectos apuntan directamente a
blanquear a los trabajadores que prestan servicios en el Estado provincial o
municipal. Tampoco significa un pase inmediato a planta permanente sino que,
por el contrario, se regulan ciertos requisitos que debe cumplir el trabajador
para el ingreso a planta condicionándolo a que el Estado “deberá contar con el
presupuesto suficiente”.
La ley 5833 crea un “registro
público de empleadores con sanciones laborales”, permitirá al Poder Ejecutivo
provincial identificar, conocer y dimensionar la cantidad de personas que están
prestando servicios en el sector público sin el amparo de ningún régimen.
Miles de trabajadores
precarizados, que aspiraban lograr el pase a planta y la estabilidad laboral,
han visto truncadas sus expectativas ya que en este nuevo registro no se
computarán a los trabajadores que tengan pasantías, reemplazos o que realicen
una contraprestación por tener un plan social.
En definitiva, el objetivo de
este paquete legislativo es que el Estado vuelva a tomar las riendas sobre el
empleo público en la provincia, para quitárselo a organizaciones sociales, que
en un momento lograron quebrar la resistencia al mismo incorporando trabajadores
a las reparticiones públicas.
El Partido Obrero caracterizó,
desde un primer momento, que con estas leyes el gobierno apunta a regimentar a
los empleados públicos y a descargar el ajuste sobre los trabajadores.
Planteamos el pase de todos a planta permanente y un plan de obras públicas que
venga a satisfacer las necesidades básicas de los jujeños: vivienda, red de
agua potable, cloacas, red de gas natural, entre otras.
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