El lunes 5 de mayo, a la madrugada, una importante movilización
del Frente de Gremios Estatales (principalmente del Seom) junto al Movimiento
Tupaj Katari, ocupó unos terrenos en Campo Verde (San Salvador de Jujuy) ante
las reiteradas promesas incumplidas de entrega de viviendas a este sector. Un
padrón que armaron los compañeros del asentamiento registraba 1.500 familias
anotadas.
Como caracterizamos en nuestra conferencia partidaria, en
Jujuy el problema de la vivienda, que tuvo repercusión nacional durante la toma
del triángulo en 2011 y generó un reguero de asentamientos en la provincia, no
se ha solucionado. Al revés, se ha agudizado la contradicción entre una
espectacular especulación inmobiliaria y la existencia de miles de familias
trabajadoras sin acceso a una vivienda.
En su momento, el gobierno intentó "paliar" esta
crisis a través de la implementación del programa "un lote para cada
familia". Sin embargo, esta medida, y la presión política de levantar
varios asentamientos, sólo logró contener la situación explosiva de ese primer
momento, pero luego desnudó el negocio de punteros lucrando con las necesidades
de los trabajadores. "Un lote para cada familia" resultó ser un
parche a la miseria. En 2011 se calculaba que había, en la provincia, 50.000
familias sin vivienda; cuatro años después, y bajo todo concepto (Instituto de
Vivienda, cooperativas, Procrear, entrega de lotes y otros) se entregaron
alrededor de 20.000. De manera que miles de familias continúan sin vivienda. Y
los nuevos asentamientos continúan sin servicios, sin cordón cuneta y sin financiamiento
para que las familias construyan sus casas.
Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda hemos
denunciado varias veces esta situación; planteamos que hay que reservar el 40%
del suelo urbano para el desarrollo de viviendas, única manera de luchar contra
la especulación inmobiliaria que pone el precio de la tierra por las nubes. El
ParlaNOA que se sesionó aquí en 2013 aprobó esta propuesta, pero los
legisladores de Jujuy jamás se interesaron por llevarla al recinto.
En nuestra plataforma hemos propuesto un plan concreto para
asegurar una vivienda a cada familia trabajadora de la provincia: la
declaración de utilidad pública y reserva del 40% del suelo urbano para un plan
de obras públicas que construya vivienda populares de acceso universal, un
impuesto extraordinario a las grandes fortunas, terratenientes y especuladores;
urbanización de todos los asentamientos; plan de obras para brindar los
servicios básicos a todos los barrios de Jujuy.
El gobierno ha
judicializado el conflicto; mientras que en otros años, cuando se trataba de
sus socios políticos, siempre planteaba un acuerdo. Han procesado a los
principales dirigentes del Frente de Gremios Estatales, particularmente al
"Perro" Santillán, bajo la carátula de usurpación. Han librado la
orden de desalojo, dando un plazo de 20 días para la ejecución. A la par de
armar un operativo para "aislar" al movimiento, ofreciendo convenios
con el Instituto de Vivienda provincial a otros sindicatos.
Iñaki Aldasoro
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