El gobierno provincial pretende cooptar al movimiento de Sala por la
política de la zanahoria y el garrote.
En la última sesión extraordinaria de la Legislatura ha votado otorgar
a todos los trabajadores de las cooperativas inscriptas en el estado la obra
social de la provincia, el ISJ.
Mientras tanto, el gobierno amedrenta a las organizaciones sociales
para que se retiren de la plaza y rompan con la Túpac Amaru para pasar a
empadronarse directamente con el Estado (y el gobierno de Morales).El
gobernador ha incorporado a sus filas a elementos del riñón de la propia Sala,
como el caso de Emilio Cayo y José Bejarano, de la ODIJ, con gravísimas
denuncias, del mismo tenor de las que caen sobre Milagro Sala. Es decir, el
gobierno no pretende terminar con los actos de corrupción, con los desvíos de
recursos o la patota, sino reproducir, esta vez con otro patrón, el sistema
clientelar protagonizado por personajes que han pasado de ser desocupados a
empresarios exitosos y millonarios, unos de boliches nocturnos y el otro de
empresas de viaje y transporte, como es el caso de Cayo y Bejarano. Ambos
tienen frondosos historiales de denuncias, Bejarano va a juicio por amenaza con
arma de fuego a trabajadores del SEOM.
Cabe recordar que Emilio Cayo también está imputado por “instigación al
tumulto” pero corre otra suerte, ya que se lo pudo ver acompañando al
gobernador en visita a las obras que tienen las cooperativas de la ODIJ en Alto
Comedero.
La disputa por el control de la calle
La disputa se trató de llevar a las calles con un cierto fracaso de
ambos lados: La movilización organizada por la Túpac Amaru (en realidad dijeron
que fue una indicación desde Santa Cruz) que prometía 500 cortes en Argentina,
no superó la treintena, en un par de provincias. En Jujuy se realizaron 6
cortes y una marcha alrededor de la plaza, donde si tenemos en cuenta el
desarrollo y la extensión de la agrupación aparecen las debilidades del propio
bloque. Por el lado del gobierno, se han convocado marchas ´autoconvocadas´ a
su favor, una el miércoles y otra el sábado, que no superaron el centenar de
personas, desnudando una falencia histórica del radicalismo, que es su
capacidad de movilización.
Mientras el gobierno se pasea por los medios con denuncias por
enriquecimiento ilícito y desvíos de fondos por parte de Sala, todavía no ha
aportado nada en concreto al expediente que la tiene detenida únicamente por
instigación al tumulto y al delito.
Es en este marco que desde el Partido Obrero planteamos el repudio a su
detención y el desprocesamiento por instigación y tumulto, causa que la tiene
hoy detenida. Como también planteamos el desprocesamiento de los 5.000
luchadores, derogación de la ley antiterrorista y de cualquier legislación que
afecte el derecho de protesta, como la famosa “ley de paritarias” de Jujuy que obliga
a prestar servicios básicos casi a toda la administración pública,
impidiéndoles hacer huelga.
Iñaki Aldasoro
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