Este sábado se produjo la detención de Milagro Sala, a causa del acampe que mantienen las
organizaciones sociales que le responden en la Plaza Belgrano desde la primera
semana de gobierno radical, en reclamo de presupuesto para la Red de
cooperativas. La detención se produjo bajo la figura de “instigación al delito
y tumulto”. Esta medida configura un
ataque y un precedente contra todo tipo de manifestación pública.
La organización de Milagro Sala se ha convertido en una suerte de
gerenciadora sobre la base de un manejo discrecional de millones y millones de
pesos sin control del presupuesto del estado, lo que la convirtió en un “estado
dentro de un estado”. Nunca antes una organización social manejó tantos
recursos por parte del estado como la Red de Milagro Sala. A través de ella el
Estado Nacional tercerizó la obra pública y otras funciones del Estado.
El gobernador Gerardo Morales ha declarado repetidas veces que no va a
permitir “intermediarios” entre la gente y los recursos del Estado. De todas
las denuncias que tiene Sala, el gobierno ha elegido detenerla por
manifestarse.
Busca, a través de un personaje controvertido y con “mala prensa”,
castigar a todos los que quieran reclamar. Es de destacar también esta nueva
muestra clara del carácter absolutamente servil de la justicia con el poder
político. Hasta diciembre, Milagro venía siendo sobreseída, las causas quedaban
prescriptas o no se avanzaba en ninguna investigación en las más de 60 causas
que tiene en contra. Un cambio de signo de gobierno hace que la justicia busque
acomodarse con el poder de turno y actúe con celeridad en una causa que busca
de fondo la regimentación de la protesta social.
Morales y la protesta social
Desde su asunción, Gerardo Morales ha planteado que en la provincia se
acaban los cortes y las protestas “desmedidas”. Al igual que Macri, ha
planteado un protocolo de protesta donde busca judicializar y regimentar las
mismas, inclusive multando individualmente a personas que realicen alguna
medida de lucha.
En el marco del acampe, el gobierno de Morales ha anunciado la
suspensión de las personerías jurídicas y la inhabilitación de las cuentas
bancarias de las organizaciones que permanezcan en la Plaza después del 14 de
enero.
Al suspenderles la Personería Jurídica, las mismas pierden la
posibilidad de inscribirse para la construcción de viviendas y otros tipos de
contratos de obras con el Estado, además de los bolsones alimentarios,
viviendas y entrar en el programa de reempadronamiento de capacitadores,
lanzado recientemente.
Esta política produjo una división al interior de la Red, que hasta hoy
recibía sus prebendas a través de Milagro sala y que con la pérdida de su
poder, busca reacomodarse junto a los “nuevos poderosos”.
El derrotero de Milagro
El gobierno aprovechó para la detención, una seguidilla de golpes
contra la Red de Organizaciones Sociales. El 14 de enero una conferencia con
unas 15 organizaciones sociales y cooperativas que se retiraban del acampe y se
ponían a disposición del gobierno para seguir trabajando en las cooperativas
bajo las nuevas disposiciones.
Pero el golpe más fuerte lo recibió el 29 de diciembre, cuando se
retiró del acampe la ODIJ, una de las organizaciones sociales más grandes de la
Red de Milagro Sala, que cuenta con el concejal por San Salvador, Bejarano y un
diputado provincial, Cayo. La ODIJ se retiró de la Red de Organizaciones
Sociales, Bejarano se retiró del bloque parlamentario y armará un monobloque en
el Concejo, y Emilio Cayo renunció a la ODIJ para permanecer junto a Sala.
La Tupac Amaru enfrenta fuertes cruces al interior de su movimiento
sobre cómo seguir, y fuertes presiones hacia sus dirigentes que se han movido
con criterios clientelares en favor de sus propios beneficios, reflejo de esto
fueron estas rupturas desde “arriba”, con acuerdos de sus dirigentes con el
gobierno radical.
A la defensa de las conquistas de las organizaciones sociales frente al
ajuste del gobierno, se debe plantear un balance de lo actuado por parte de
estas organizaciones cooptadas por el gobierno de turno, por su programa y sus
métodos antidemocráticos, de presiones y de abuso y explotación de las
necesidades de los trabajadores.
Es necesario volver al control de los recursos por parte de las bases
de las organizaciones, la elección y revocabilidad de delegados, volver a las
asambleas y los debates democráticos entre los trabajadores. En definitiva
volver a las tradiciones del movimiento obrero combativo.
Desde el Partido Obrero denunciamos la detención de Milagro Sala como
un intento de regimentar la protesta de todos los trabajadores pertenezcan o no
a sus organizaciones. El ajuste está en marcha y los recursos del gobierno y
también de sus opositores, como ocurre en Santa Cruz son los mismos, golpear al
pueblo y regimentarlo para evitar su reacción.
Iñaki desde Jujuy
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