lunes, 16 de enero de 2017

A FONDO: la situación del Ingenio La Esperanza tras el paro y corte de ruta de los obreros

A FONDO: la situación del Ingenio La Esperanza tras el paro y corte de ruta de los obreros

En el Ingenio azucarero La Esperanza se produjo un paro de actividades y dos cortes de los obreros en la ruta nacional N° 34 y ruta provincial N° 56 junto a su sindicato, el SOEA. La medida fue apoyada por la FAR, la Federación Azucarera Regional (CTA).
EL paro y corte de ruta del martes pasado fue una medida de lucha votada ante la falta de liquidación de los sueldos de diciembre, el medio aguinaldo, el ´premio zafra´ y planteando precisiones sobre el futuro de los obreros ya que el gobierno dijo que se hacía cargo hasta el 31 de diciembre de 2016. Los obreros reclamaban la liquidación de lo adeudado y una audiencia con el gobernador Gerardo Morales para discutir el resto de los puntos, se firmó un acta con el compromiso de pago de la deuda el viernes 13 y una audiencia para el miércoles 11.
La audiencia no se realizó bajo el argumento de que “el gobierno está auxiliando a los evacuados del alud”, por lo cual, los obreros volvieron a cortar la ruta el jueves 12. En conferencia de prensa, el gobernador Morales repudió el accionar de los obreros, calificándolos de irresponsables y de no ser solidarios. Además anunció que va a promover una denuncia penal contra los obreros acusándolos de “sustracción indebida” de maquinaria de la empresa.
También pretendió intimidar a los obreros al decir que “vamos a tomar las medidas correspondientes con la Gendarmería para que los desalojen y luego con jueces para que carguen con acciones penales por lo que hacen” (otra muestra, aparte, de la farsa de la “independencia de poderes”).
No es la primera vez que el gobernador reacciona así contra los obreros; el año pasado, durante el conflicto entre el ingenio Ledesma y los obreros, el gobierno promovió una multa millonaria contra el sindicato, descuentos a los obreros y una denuncia por el corte de la ruta, todas estas causas aún se encuentran abiertas.
Frente a cada medida defensiva de los obreros en defensa de sus reivindicaciones y en el marco de una situación apremiante, el gobierno aprovecha el alud para descargar un ataque en regla hacia los trabajadores, azuzando además a la opinión pública.
La salida (capitalista) en un impasse
EL Ingenio La Esperanza viene en una situación crítica hace 20 años, con quiebras, rescates, síndicos, arriendo (Roggio 'alquiló' por dos años el ingenio), el gobierno K armó un fideicomiso para hacerse cargo pero se retiró sin poner un peso.
El gobierno provincial planteó desde su asunción que “su” salida al conflicto pasaba por una gestión privada del ingenio, que involucraba una reducción drástica de personal: la desvinculación de dos tercios de los obreros (de 1400 a unos 600). En la negociación entre los capitales, dejaron claro que las condiciones las tenía que imponer el Estado y dejarle al privado una empresa sin conflictos y con un tercio del personal, para que sea rentable en términos capitalistas.
En septiembre de 2016 el gobierno tenía que llamar a licitación y publicar el pliego, sin embargo, hasta el momento no se ha podido hacer un llamado público, inclusive, la perspectiva del gobierno es que el primer interesado agarre la empresa, sin pasar por un proceso licitatorio.
Los acreedores del 90% de la deuda del Ingenio son el Estado nacional y provincial, que sin embargo no pretenden recuperar ningún capital, y que el privado presente un plan de inversiones y partir “de acá para adelante”. El ingenio cuenta con 90 mil hectáreas de las cuales se explotan apenas el 20%. Las variantes propuesta por el kirchnerismo de micro-emprendimientos productivos a través de cooperativas de “cuartas” (obreros macheteros de la caña, desplazados por la mecanización) y obreros desvinculados de la empresa resultó un fracaso rotundo.
La situación social de la zona es dramática, las posibilidades de un desarrollo de un polo industrial que genere fuentes de trabajo no sale de un papel declarativo. En los últimos años se perdieron todos los puestos de “cuarta” del ingenio, aproximadamente 4000, y en el ingenio todos los años se presiona con los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, sumado ahora el intento de desvincular 800 trabajadores del ingenio por parte del gobierno de Morales.
Como dicen en el futbol, en la empresa ya “están jugando tiempo de descuento”: no llega un grupo empresario y el gobierno en este cuadro no puede retirarse, la amenaza de que se retiraba el 31 de diciembre quedó atrás. El plan de desvincular obreros ofreciéndoles una indemnización miserable ($120mil pesos) o un lote para los más ancianos o pasar al desempeñarse en el Estado, no avanza a los ritmos que pretende el gobierno (se calcula que entre retiros voluntarios y pase al estado provincial, se fueron unos 300 de los 800 obreros que para el gobierno “sobran” en el ingenio). Lo más probable es que el costo de preparar la zafra corra por cuenta del estado de nuevo.
Frente a esta crisis que enfrenta el gobierno, por un lado de ajustar a la empresa en términos capitalistas (drástica reducción de personal), y por el otro de encontrar un grupo privado de inversión que se haga cargo, cobra importancia la deliberación entre los trabajadores sobre qué tipo de salida se le da a este conflicto.
Desde el Partido Obrero somos partidarios de una deliberación colectiva por parte de los trabajadores que discuta una salida a esta situación: si la salida la van a dar el gobierno y los empresarios, con su correspondiente reducción de personal y ajuste en las condiciones laborales mientras exigen subsidios millonarios, o la salida va a venir de la mano de los trabajadores a través de una salida propia.
La entrega del ingenio a estos depredadores laborales y ambientales es la liquidación de las posibilidades de desarrollo industrial y social de los municipios de San Pedro y La Esperanza. En oposición a esta sangría, el Partido Obrero de Jujuy plantea la municipalización del Ingenio La Esperanza y su funcionamiento bajo control de sus trabajadores y de una comisión de vecinos de los dos municipios, electos por el voto popular, como la vía hacia el desarrollo urbano e industrial que enterraría años de fracaso de gestión privada, subsidiada por el Estado.
15 de enero de 2017 | Por Iñaki Aldasoro

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