jueves, 11 de mayo de 2017

PACTO ENTRE EL GOBERNADOR MORALES Y EL RECTORADO UNIVERSITARIO

Luego del ingreso policial en la universidad

Luego de la repercusión y el repudio nacional que causó el ingreso ilegal de la policía en la Universidad de Jujuy (Unju), que arrojó como saldo la detención de dos estudiantes (entre ellos el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias, que fue duramente golpeado), el gobierno de Gerardo Morales ha utilizado diversas estrategias para salir del conflicto: ha pasado de la confrontación directa a buscar un acuerdo que cierre “la grieta” con el Rectorado, que protestó por la intromisión de las fuerzas policiales.

Cuando ocurrió la agresión, diversos funcionarios avalaron y justificaron la irrupción de la policía en la facultad. Al tomar repercusión nacional el hecho, el gobernador se vio obligado a repudiar el accionar policial y buscó de esta manera reacomodarse.

Esta mini-crisis provocó la renuncia del jefe y subjefe de la policía y el procesamiento de 15 efectivos (cargos de privación ilegítima de la libertad entre otros) y del fiscal contravencional. Este hecho generó malestar entre la policía que denunció a Morales por mandarlos a hacer el “trabajo sucio” y después desentenderse. Incluso se generó una crisis entre Morales y el brazo estudiantil del radicalismo, Franja Morada, que no tuvo más remedio que criticar la irrupción policial (más adelante, la Franja se dedicó a hostigar a los estudiantes que impulsaban el movimiento de lucha contra los atropellos policiales).

La convocatoria a la sesión especial del Consejo Superior en la Facultad de Ciencias Agrarias, que contó con la participación de estudiantes, de la Fuba, Adiunju y Conadu Histórica (gremios docentes universitarios provincial y nacional, respectivamente), resolvió por unanimidad no aceptar las disculpas formales del gobernador, se propuso denunciar a los responsables del hecho y reclamar la derogación del Código Contravencional.

Frente a esta “ofensiva” universitaria, el bloque parlamentario radical sacó una solicitada en todos los medios atacando a los estudiantes, denunciando a los funcionarios universitarios y planteando que la Unju quiere “romper relaciones institucionales con el gobierno provincial”. Días después, se realizó un allanamiento a la casa del rector que rápidamente se convirtió en una notificación por una causa penal. También Franja Morada salió a atacar a los estudiantes en cada facultad.

Sin embargo, Morales decidió reorientar su política. Convocó el pasado miércoles 3 de mayo una reunión con los decanos de las cuatro facultades y el rector del a Unju en Casa de Gobierno. De la misma, salieron todos cerrando filas y dejando en el pasado el hecho en cuestión. Ninguna autoridad universitaria dijo nada sobre el planteo de derogación del Código Contravencional ni sobre la denuncia penal; y el gobernador planteó que “el aporte que hace la universidad a la comunidad jujeña es mucho”, al mismo tiempo que ratificó “el trabajo conjunto, armónico y de cooperación” (El Tribuno, 3/5). El elemento más destacado fue que el rector se comprometió a discutir con el gobierno un “protocolo de intervención” para los casos donde se ponga en riesgo la integridad de las personas o de los establecimientos: en definitiva, una habilitación de las fuerzas policiales dentro de la universidad.

Qué deja el conflicto y cómo seguir

El principal avance que deja el conflicto es que se logró instalar en la opinión pública el problema del código contravencional y su utilización para atacar cualquier tipo de manifestación. Hasta lo sucedido en Agrarias, no se había podido instalar ante la población el rol que jugaba como un instrumento de regimentación del gobierno: y eso que se había utilizado para detener a Milagro Sala por el acampe, a miembros del SEOM (municipales), para procesar a directivos del SOEAIL (sindicato azúcar Ledesma) y para reprimir a vendedores ambulantes, entre otros casos.

La UJS, juventud del Partido Obrero, caracterizó desde un inicio los límites de los planteos de los decanos y el rector, vinculados políticamente con el kirchnerismo; inclusive después de votar el pedido de derogación del código, plantearon mandarlo a la mesa de estudios jurídicos para ver si era inconstitucional o no. Lo que se buscó fue un “shock” mediático pero de ninguna manera podían ir hasta el final de los planteos.


El movimiento estudiantil debe sacar las conclusiones políticas del caso, los límites de las direcciones políticas que terminan arreglando por arriba con el radicalismo. Con esta orientación clara y la propuesta de abrir un debate con todos los luchadores, mantenemos nuestra campaña por la derogación del Código Contravencional, denunciándolo como el instrumento político del gobierno para regimentar a la juventud y a los trabajadores. Vamos por un paro activo en apoyo a los docentes que paran del 8 al 13 y a participar de la Marcha Federal Educativa.

Iñaki Aldasoro

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