El Registro Nacional de Femicidios (órgano de la Suprema
Corte de Justicia) reveló que en 2016 la provincia de Jujuy tuvo la tasa más
alta de femicidios (10 casos). En lo que va de 2017, otras seis mujeres fueron
brutalmente asesinadas por violencia de género, incluida una niña de 8 años.
Estos datos indican una incidencia del 2,68% de víctimas fatales cada 100.000
habitantes, triplicando a la ciudad de Buenos Aires, que muestra un 0,86%.
Estas cifras reflejan
uno de los motivos por los cuales el movimiento de mujeres viene dando una
enérgica batalla contra el Estado y sus gobiernos, que recrean permanentemente
las condiciones de extrema violencia que tiene a las mujeres como sus
principales víctimas.
En nuestra provincia
en los últimos años –incluida la transición del gobierno de Fellner a Morales–,
se acrecentaron significativamente los asesinatos de mujeres. La creación de la
Secretaría de Paridad y Género, los diferentes centros de atención y los
Juzgados Especializados, recién creados, no pudieron poner freno a esta gran
problemática que sufren miles de jujeñas.
El Estado es
responsable de los femicidios, ya que sus distintas instituciones garantizan la
reproducción de la miseria social y de la violencia que se desprende de ella.
En numerosos casos están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad, lo
que demuestra la formación misógina y represora de los agentes. El caso impune
de Romina Aramayo (2014) demostró el vínculo de las redes de trata con los
empresarios de la noche y oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad.
En el 2016, el comisario Silvio Quiroga de la ciudad de Palpalá fue denunciado
por una efectiva tras sufrir hostigamientos reiterados, al punto de apuntarla y
amenazarla con su arma reglamentaria; en octubre del mismo año, Carina
Gutierrez de 30 años fue asesinada de un tiro en la cabeza por parte de su
pareja Víctor Chauque, miembro de la policía de Tilcara, quien se ahorcó luego
de asesinarla.
En febrero del 2017,
el caso de Nahir Mamaní (20) nuevamente
puso en tela de juicio al gobierno y a la titular de Secretaría de
Paridad, Soledad Sapag, quien en reiteradas declaraciones, y sin ningún
prurito, culpabilizó a la víctima y a su familia por el terrible desenlace que
sufrió la joven madre. Cada nuevo femicidio demuestra el terrible grado de
descomposición social en el que nos encontramos. En mayo, apareció calcinado el
cuerpo de Alejandra Oscari en la ciudad de San Pedro; Alejandra fue quemada mientras
se encontraba con vida por su padrastro quien aparentemente la sometía a una
relación de abuso. Pero para Sapag el problema central es la cultura machista
de la sociedad jujeña, una forma de desentenderse de la responsabilidad que le
cabe al Estado y a sus instituciones en la agudización de la violencia, sobre
todo cuando la totalidad de las víctimas fueron mujeres de las clases sociales
más pobres y vulnerables.
En una provincia
donde históricamente las mujeres fuimos y somos carne de cañón de los ataques
del Estado y los gobiernos de turno, estas cifras confirman la situación
insostenible de violencia y barbarie, que pretende aleccionar a las mujeres, a
la juventud y al conjunto de la clase obrera; para llevar a cabo con éxito el
ajuste brutal que cada día destruye las mínimas condiciones de vida de las
familias trabajadoras. No podemos olvidar que Jujuy es la provincia donde el
Estado, su Justicia y la Iglesia condenaron a Romina Tejerina, víctima de
violación, y absolvieron a su violador; una provincia donde la mirada
condenatoria de muchas jujeñas hacia la víctima, se halla condicionada por la
miseria social que las rodea. Es un régimen social y político el que nos oprime
y cuyo último eslabón son los brutales femicidios que van en ascenso.
Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero
venimos organizando, acompañando a los
familiares de las víctimas y participando de las numerosas luchas en las que
denunciamos la responsabilidad del Estado. El cambio de gobierno de los
partidos patronales demuestra que no está en sus intenciones terminar con la
violencia hacia las mujeres: sólo la lucha y la construcción de un cambio desde
las bases sociales y por un gobierno de la clase trabajadora son los que
liberarán a la mujer del yugo de la opresión y explotación.
Ni una menos. Basta
de femicidios.
Fuera Sapag.
Por un Consejo
Autónomo de las Mujeres independiente, que sea electo y revocable.
ANDREA RUA
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