viernes, 7 de julio de 2017

JUJUY TIENE LA TASA MÁS ALTA DE FEMICIDIOS (PERO MORALES Y SAPAG NO SE DAN POR ALUDIDOS)

El Registro Nacional de Femicidios (órgano de la Suprema Corte de Justicia) reveló que en 2016 la provincia de Jujuy tuvo la tasa más alta de femicidios (10 casos). En lo que va de 2017, otras seis mujeres fueron brutalmente asesinadas por violencia de género, incluida una niña de 8 años. Estos datos indican una incidencia del 2,68% de víctimas fatales cada 100.000 habitantes, triplicando a la ciudad de Buenos Aires, que muestra un 0,86%.
 Estas cifras reflejan uno de los motivos por los cuales el movimiento de mujeres viene dando una enérgica batalla contra el Estado y sus gobiernos, que recrean permanentemente las condiciones de extrema violencia que tiene a las mujeres como sus principales víctimas.
 En nuestra provincia en los últimos años –incluida la transición del gobierno de Fellner a Morales–, se acrecentaron significativamente los asesinatos de mujeres. La creación de la Secretaría de Paridad y Género, los diferentes centros de atención y los Juzgados Especializados, recién creados, no pudieron poner freno a esta gran problemática que sufren miles de jujeñas.
 El Estado es responsable de los femicidios, ya que sus distintas instituciones garantizan la reproducción de la miseria social y de la violencia que se desprende de ella. En numerosos casos están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad, lo que demuestra la formación misógina y represora de los agentes. El caso impune de Romina Aramayo (2014) demostró el vínculo de las redes de trata con los empresarios de la noche y oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad. En el 2016, el comisario Silvio Quiroga de la ciudad de Palpalá fue denunciado por una efectiva tras sufrir hostigamientos reiterados, al punto de apuntarla y amenazarla con su arma reglamentaria; en octubre del mismo año, Carina Gutierrez de 30 años fue asesinada de un tiro en la cabeza por parte de su pareja Víctor Chauque, miembro de la policía de Tilcara, quien se ahorcó luego de asesinarla.
 En febrero del 2017, el caso de Nahir Mamaní (20) nuevamente  puso en tela de juicio al gobierno y a la titular de Secretaría de Paridad, Soledad Sapag, quien en reiteradas declaraciones, y sin ningún prurito, culpabilizó a la víctima y a su familia por el terrible desenlace que sufrió la joven madre. Cada nuevo femicidio demuestra el terrible grado de descomposición social en el que nos encontramos. En mayo, apareció calcinado el cuerpo de Alejandra Oscari en la ciudad de San Pedro; Alejandra fue quemada mientras se encontraba con vida por su padrastro quien aparentemente la sometía a una relación de abuso. Pero para Sapag el problema central es la cultura machista de la sociedad jujeña, una forma de desentenderse de la responsabilidad que le cabe al Estado y a sus instituciones en la agudización de la violencia, sobre todo cuando la totalidad de las víctimas fueron mujeres de las clases sociales más pobres y vulnerables.
 En una provincia donde históricamente las mujeres fuimos y somos carne de cañón de los ataques del Estado y los gobiernos de turno, estas cifras confirman la situación insostenible de violencia y barbarie, que pretende aleccionar a las mujeres, a la juventud y al conjunto de la clase obrera; para llevar a cabo con éxito el ajuste brutal que cada día destruye las mínimas condiciones de vida de las familias trabajadoras. No podemos olvidar que Jujuy es la provincia donde el Estado, su Justicia y la Iglesia condenaron a Romina Tejerina, víctima de violación, y absolvieron a su violador; una provincia donde la mirada condenatoria de muchas jujeñas hacia la víctima, se halla condicionada por la miseria social que las rodea. Es un régimen social y político el que nos oprime y cuyo último eslabón son los brutales femicidios que van en ascenso.
Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero venimos  organizando, acompañando a los familiares de las víctimas y participando de las numerosas luchas en las que denunciamos la responsabilidad del Estado. El cambio de gobierno de los partidos patronales demuestra que no está en sus intenciones terminar con la violencia hacia las mujeres: sólo la lucha y la construcción de un cambio desde las bases sociales y por un gobierno de la clase trabajadora son los que liberarán a la mujer del yugo de la opresión y explotación.
 Ni una menos. Basta de femicidios.
 Fuera Sapag.

 Por un Consejo Autónomo de las Mujeres independiente, que sea electo y revocable.

ANDREA RUA 


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