De manera subrepticia, en Boletín Oficial emitido el viernes
9 de junio, el gobernador de Jujuy modificó por decreto el código
contravencional provincial endureciendo las sanciones y estableciendo inclusive
la posibilidad de la pérdida del trabajo para los empleados públicos que
participen de cortes y movilizaciones.
La modificación aumenta las multas de 200 unidades a 1.000
unidades de multa para quienes corten el paso en calles y avenidas. La cifra
supera los ocho millones de pesos. Establece la posibilidad de dar intervención
a la Justicia Penal en caso de desobedecer la orden de dispersión por parte del
departamento contravencional, sin perjuicio de la formación de causas
contravencionales lo cual incurre en la doble penalización por un mismo hecho,
cosa que es ilegal. Establece la inhabilitación para ejercer cargos públicos
por dos años en caso de que el infractor sea funcionario nacional, provincial o
municipal, y para el caso de que el infractor sea un empleado público,
establece como causal de cesantía la reincidencia.
La intentona represiva no solo ataca el derecho a la
protesta y la manifestación, sino que modifica en los hechos la ley que regula
el trabajo en la administración pública, ya que dicha ley (N 3161) no establece
la manifestación o protesta como causal de cesantía, como bien manifestó el
SEOM a través de un comunicado. ¡Hasta la CGT ha tenido que emitir un
comunicado rechazando la modificación que pretende imponer Morales!
Esta modificación del Código Contravencional no se hace de
manera aislada sino como un nuevo intento de quebrar la tendencia a la huelga
general de los trabajadores estatales, que luego de seis días de paro docente,
ha sumado a otros gremios estatales bajo la consigna “arriba los salarios,
abajo la reforma (constitucional)”.
Recientemente, el colega salteño de Morales, el gobernador
Sáenz, tuvo que vetar parcialmente la ley antipiquetes que sacó la Legislatura
entre gallos y medianoche para intentar aplacar a la fenomenal lucha docente
salteña. En Jujuy, Morales no puede vetar su propio decreto y su aplicación
definitiva o veto deberá esperar hasta que lo ratifique la Legislatura, suspendida
momentáneamente por la convención constituyente.
El garrote y la zanahoria
Esta modificación al código de contravenciones realizada por
Morales empalma con la reforma constitucional, donde el gobierno pretende
inscribir en la nueva Constitución la prohibición de los cortes totales de
calles y de rutas, al tiempo que pretende establecer una ‘reglamentación’ para
la protesta.
Al mismo tiempo que el gobierno pretende avanzar con el
cercenamiento del derecho al reclamo, ha tenido que convocar a todos los
gremios estatales para discutir la propuesta paritaria de reajuste salarial
para el día martes 13 de junio, producto de las movilizaciones multitudinarias.
Esta convocatoria es una manifestación de la contundente movilización de los
trabajadores que ha quebrado siete años de convocatorias separadas a los
gremios estatales y de aumentos por decreto por parte del gobierno.
Resulta evidente que el endurecimiento de las penas y el
reforzamiento de las contravenciones que ha buscado establecer para contener la
tendencia a la movilización y al paro no ha hecho más que reforzarla en sus
aspectos democráticos más elementales. Las asambleas docentes que van a definir
la extensión del paro por tiempo indeterminado están muy firmes después de más
de una semana de paro, y se suman otros gremios a las medidas de fuerza. Las
organizaciones sociales también se suman al reclamo contra la reforma
Constitucional y por trabajo genuino.
Profundizar la lucha
Morales en plena disputa de JxC, vuelve a tomar una medida
de tipo represiva, que lo emparenta con su contrincante interna Patricia
Bullrich. Los trabajadores de Jujuy han respondido con un paro y movilización
general. Una multitud de trabajadores han movilizado y copado Plaza Belgrano en
rechazo de esta modificación represiva, por la reapertura de paritarias y por
el rechazo de la reforma constitucional reaccionaria.
El paro por tiempo indeterminado de la docencia ha dejado
‘groggy’ al gobierno provincial, recién reelecto, mientras se han sumado casi
todos los gremios estatales a las medidas de fuerza y la totalidad de las
organizaciones sociales. Este es el camino para voltear el decreto 8464 y la
reforma constitucional reaccionaria, y para imponer los reclamos de los
trabajadores.
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