A fines de la semana pasada, la justicia libro la orden de
detención para una veintena de luchadores de Humahuaca y, un día después, otra
veintena de San Salvador de Jujuy. Los pedidos de detención se atribuían a las
movilizaciones sobre el municipio de Humahuaca del 30 de junio y por la
movilización del 20 de junio a la legislatura, en ambos casos para repudiar la
nueva Constitución provincial. Finalmente fueron detenidos 12 compañeros. La
mayoría fue liberada recién ayer, aunque todavía quedan tres detenidos en
Humahuaca, sobre los cuales pesa un pedido de ´prisión preventiva´ de 30 días.
El propósito inocultable de Morales es amedrentar a la población y, en
particular, a los luchadores que vienen movilizándose contra su reforma
reaccionaria desde hace mas de un mes y medio. El gobierno pidió la aplicación
de las máximas penas para todos los imputados y ha solicitado presentarse como
querellante en todas las causas.
Un día después de que se libraran estos pedidos de captura,
se detuvo al abogado Alberto Nallar cerca de su domicilio. Nallar venia
sosteniendo asesoramiento legal a diversas instituciones sobre la
inconstitucionalidad de la reforma y brindando charlas y actividades publicas
al respecto.
Queda claro, con la detención de este abogado, que el objetivo
del gobierno de avanzar con las detenciones no era detectar a personas que
hubieren generado algún ´disturbio´ en las movilizaciones, sino una avanzada
contra todo aquel que se oponga a la reforma e instrumente mecanismos legales
para tirarla abajo. La supuesta orden de detención también era extensiva a un
conjunto de abogados y abogadas constitucionalistas y de derechos humanos que
han defendido a manifestantes frente a los atropellos judiciales de Morales.
Finalmente, por presión de la movilización y el pronunciamiento de diferentes
colegios de abogados y otros organismos, cayeron los pedidos de detención para
estos. Al Dr. Nallar, todavía detenido, se le otorgó prision domiciliaria.
La avanzada judicial de Morales ha encontrado un limite en
la propia movilización popular. Jujuy se ha convertido en un verdadero
laboratorio político. El gobierno ha entrado en cortocircuito con la policía,
luego de su ingreso de manera ilegal al rectorado de la UNJU, en plena sesión
de Consejo Superior. El radicalismo tuvo que salir a despegarse de la acción
policial y anunciar la investigación y sanción de los oficiales que
participaron. Esto ha generado una crisis con la policía, que incluso amenazó
con acuartelarse.
A pesar de la habilitación el uso de Gendarmería y fuerzas
nacionales para despejar la ruta, el gobierno no puede desactivar los cortes de
ruta intermitentes que se mantienen en buena parte de la provincia. A esto se
suma la huelga general de la docencia primaria, que cumple un mes y medio y han
llegado con paro hasta las vacaciones de invierno. Nuevas asambleas discutirán
las condiciones para la vuelta a clases o el no inicio. Por otra parte, los
mineros del Aguilar, que han entrado en paro por tiempo indeterminado contra la
patronal por reclamos salariales y de Seguridad, empezaron a marchar a pie
hasta San Salvador de Jujuy buscando una respuesta.
Morales no ha podido hacer ningún acto publico. Su campaña
en la provincia se desarrolla en lugares cerrados, con fuerte control policial
en las inmediaciones y en el acceso a los mismos.
Por una salida de los luchadores
La Multisectorial y el “Tercer Malón de la Paz” -que agrupa
a sindicatos y organizaciones K y filo K- mantienen, entre medidas de fuerza y
movilizaciones, el planteo de judicializar la reforma, una estrategia afin al
kirchnerismo. El gobierno provincial confía en que el planteo caerá en saco
roto. Recientemente el “Tercer Malón de la Paz” ha emitido una carta donde
insiste en pedir la intervención de la justicia provincial, un proyecto que ya
fracasó en el pasado y que no acompañó ni siquiera el FdT.
Es necesario discutir como imponer una salida propia bajo
los métodos históricos de la clase de obrera, y que es lo único que le puso
limites a las avanzadas antiobreras de Morales y de otros gobiernos: el paro y
la movilización.
Mañana 20 de julio, en el aniversario de la “Noche del
Apagón”, también se cumple un mes de la represión brutal que acompañó la jura
de la nueva Constitución. Están convocadas dos grandes movilizaciones: una en
Libertador Gral San Martín (Ledesma) y otra en Salvador de Jujuy. Estas movilizaciones
tienen que servir como punto de apoyo de acciones unitarias y medidas de fuerza
contra la reforma y todos los ataques del gobierno.
Politica Obrera estará presente con las consignas: abajo la
impunidad de ayer y de hoy, abajo la persecución, libertad a todos los
detenidos y abajo la reforma constitucional reaccionaria.
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