El gobierno provincial pretende desactivar la enérgica lucha que se
desató hace más de un mes por la huelga docente -conflicto aún vigente-, a la
que se sumaron los cortes de ruta de las comunidades originarias en defensa del
territorio y del agua. Ambas confluyeron contra la convención constituyente de
Morales y el pejota.
El gobierno aplicó feroces descuentos a la docencia primaria que
mantiene el paro, que van de 50.000 hasta 200.000 pesos. En las asambleas se
sigue imponiendo la continuidad de la huelga. Este fin de semana hubo varias
actividades familiares en los alrededores del Ministerio de Educación, donde la
docencia está haciendo permanencia, y se realizó un importante abrazo simbólico
a la Casa de Gobierno repudiando los descuentos y exigiendo un básico de
100.000 pesos. Con los descuentos, Morales aplica la misma receta que su
compañero de fórmula Horacio Rodríguez Larreta aplicó en CABA, pero también la
que Axel Kicillof aplica en la provincia de Buenos Aires. Entre bueyes no hay
cornadas.
Palo y zanahoria
El gobierno ha hecho públicas las primeras contravenciones contra los
manifestantes, en tiempo récord y sin posibilidad de defensa, con multas que
llegan hasta los dos millones de pesos. A la “justicia exprés” de Morales le
bastaron apenas un par de días para dictar las primeras condenas. Morales no
respeta las garantías del debido proceso.
A este objetivo represivo se ha sumado la Justicia Federal a través del
Juez Federal Subrogante de Jujuy, Dr. Diego Martin Matteucci, quien ha dado la
autorización a Gendarmería Nacional y a la Policía de la provincia para liberar
los cortes de ruta, en al menos una calzada.
Recientemente el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y el
secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, han solicitado una medida
cautelar sobre tres artículos de la nueva Constitución hasta que sean abordados
por la Corte Suprema, en una nueva maniobra para extraer rédito electoral.
Por otra parte, Morales anunció que se había reunido con representantes
de 69 comunidades originarias para encontrar soluciones y “destrabar el
conflicto”. Informó que les ha propuesto que elaboren ellos mismos una “ley
integral de pueblos originarios”, bajo la condición de que participen todas las
comunidades en su elaboración: la expectativa es instrumentar una división
entre ellas, con intereses sociales heterógeneos.
Significativamente, la identificación de las comunidades se mantiene en
reserva. Muchas de ellas participaron de las audiencias de la convención
constituyente.
Los intentos de desactivar los conflictos sigue encontrando
resistencias en la poblacion. Los obreros del agua potable han realizado un
paro, en reclamo también de un salario inicial de 200.000 pesos. Los
trabajadores de Vialidad Provincial siguen en conflicto por el salario. Cedems
(docentes de media) vuelve al paro este jueves en rechazo a la reforma
constitucional, particularmente el artículo 67 que atañe a limitar el derecho
de protesta.
En el movimiento popular domina una gran confusión. Por un lado, se
cifran expectativas en la judicializacion de la reforma, que es la línea del gobierno
nacional. El planteo ha sido recogido por la Multisectorial que integran los
principales gremios estatales de la provincia y otros sectores, como algunas
comunidades originarias, pequeños productores y organizaciones sociales. Las
visitas o los viajes con miembros del gobierno nacional son frecuentes. El
Frente Renovador de Massa ha sido aliado indiscutido de Morales.
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