El lunes 15 de enero se produjo
un violento desalojo policial de varias familias en el barrio Radio Estación de
Tilcara que culminó con la detención de nueve personas. Las familias se
encontraban instaladas en los terrenos del viejo ferrocarril que ahora el
gobierno busca reflotar con fines turísticos y asociado a un gran negociado
inmobiliario. Este desalojo se suma a otros que se sucedieron en las
inmediaciones de Purmamarca y en Maimara, estaciones intermedias entre el
primer tramo que va de la ciudad de Volcán a Tilcara.
Se trata de familias que viven
hace 15, 20 o 30 años en esos terrenos, luego de la privatización del
ferrocarril y del cierre de los ramales. En esos terrenos en desuso el propio
Estado provincial dispuso en su momento instalar oficinas de gobiernos y habilitó
iglesias, mercados, etc. Se habló de oferta de reubicaciones y de la
construcción de viviendas para las familias damnificadas pero las promesas se
fueron disolviendo hasta llegar a este desenlace provisorio.
El tren de la discordia
La vuelta del Tren de la Quebrada
fue anunciado por Gerardo Morales apenas asumió. Recién ocho años después, al
finalizar su segundo mandato, pudo inaugurar un recorrido mínimo para la
prensa.
La reactivación del tren que
debía servir para conectar a los pueblos de la Quebrada, y su extensión
posterior a La Quiaca y eventualmente también para abaratar los costos de
fletes a todo el norte, ha culminado en una millonaria compra a China de un
tren solar de sólo dos vagones y 70 plazas con fines únicamente turísticos. El
precio estimado será de 40 dólares el tramo, completamente ajeno a las
posibilidades de la población local.
Con el argumento del paso del
tren, el gobierno ha ordenado desalojar los terrenos lindantes a las vías en
todas las ciudades de la Quebrada. Este corredor es un bocado de cardenal para
el gran capital vinculado al turismo. Se proyecta la instalación de
confiterías, hoteles boutique y centros comerciales.
Otro tanto ha ocurrido con el
anuncio de la construcción de la nueva terminal de ómnibus en Tilcara, donde el
gobierno ha desconocido la titularidad de terrenos linderos por parte de
familias establecidas hace décadas en el lugar.
La explotación y usurpación de
las tierras por parte del gobierno provincial ha sido premeditado y planificado.
El gobierno emitió un decreto declarando la suspensión de todo proceso para
regularizar trámites por prescripción adquisitiva sobre inmuebles de propiedad
del Estado provincial, sean estos de índole pública o privada (Boletín Oficial
de Jujuy Nro. 106, 20/9/23) de cara a esta avanzada que busca armar un gran
negociado inmobiliario empezando por terrenos en la Quebrada de Humahuaca
-declarado patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO en 2003- pero
extensivo a toda la provincia. El gobierno de Sadir ha decidido continuar con
la política de favorecer estos grandes emprendimientos.
El gobierno ha propuesto, luego
de largas negociaciones, la reubicación de las familias, pero en condiciones
más gravosas: Del anuncio de vivienda terminadas con todos los servicios han
pasado a ofrecer casa alejadas sin terminar y sin los servicios básicos, un
lote del Plan Mejor Vivir o directamente material para que sean las propias
familias quienes se hagan cargo de la construcción de su vivienda.
La explotación inmobiliaria y
turística ha profundizado la expulsión de las familias originarias de los
pueblos de la Quebrada, acrecentando la pobreza y creando divisiones en todos
los pueblos. Las familias pierden su vivienda y se tienen que retirar a zonas
alejadas del pueblo.
Los vecinos reubicados de
Purmamarca, por ejemplo, han reclamado que al menos sean contratados para los
emprendimientos que se van a realizar en las inmediaciones de las vías, planteo
que no ha sido tomado en cuenta por las autoridades ni por los capitalistas que
piensan invertir en la zona.
La represión y desalojo del
gobierno provincial están al servicio de un gran negociado inmobiliario con
tierras que han quedado dentro del eje urbano de ciudades con fuerte
explotación turística en la Quebrada,
Desde Política Obrera reclamamos
la inmediata liberación de todos los detenidos, el cese de los desalojos y la
represión, la devolución de la tierra y las viviendas a los habitantes
originarios y denunciamos la complicidad de los partidos del régimen en esta
operación de apropiación ilegal de tierras en beneficio de grandes capitales
que se van a apropiar de un botín incalculable, con una explotación comercial
que es completamente ajena a las necesidades de sus pobladores originarios.
Iñaki Aldasoro
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