La avanzada represiva que pretendió continuar
el gobierno del radical Sadir, en este caso deteniendo a dos personas,
Morandini y Villegas, por subir a las redes un comentario jocoso sobre una
supuesta infidelidad de la esposa del ex gobernador de la provincia Gerardo
Morales, no solo ha recibido un golpe político debido a la masiva manifestación
de rechazo a este tipo de atropello, sino que ahora ha avanzado al plano
judicial.
Luego de mas de 50 días de detención preventiva
de manera completamente arbitraria e injustificada, los detenidos denunciaron
graves vejaciones y humillaciones sufridas dentro del Penal. El ex gobernador
Gerardo Morales desmintió tales afirmaciones, y lo mismo hizo el servicio
penitenciario de Jujuy, afirmando que se cumplieron con “las normas y
estándares para el alojamiento de internos” (Jujuyalmomento 1/2/24).
Sin embargo, sobraron elementos materiales
aportados por la defensa para demostrar las torturas que sufrieron. La fiscalía
consideró “probado con filmaciones que estuvieron en celdas de castigo, fueron
obligados a estar desnudos cada vez que salían al pasillo y hacer sus
necesidades fisiológicas en tarros o botellas en lugar de un baño y que
durmieron en colchones mojados” (Pagina/12, 6/2). El ffiscal Diego Funes
solicitó la elevación a juicio para 23 penitenciarios, entre ellos el jefe del
servicio provincial, Julio Arnaldo Vaca, por vejaciones y apremios contra
Morandini y Villegas.
Régimen y crisis politica
Las vejaciones son una moneda común en el
Penal, tanto para presos comunes como para detenidos políticos. Esto ha sido
denunciado en su momento por referentes del SEOM que fueron detenidos y por
otros luchadores.
El hecho de que el propio fiscal del Estado,
que tenia como meta justificar la detención de Morandini y Villegas, haya
tenido que pedir la elevación a juicio de 23 agentes penitenciarios, refleja el
cachetazo recibido por la reacción popular contra este atropello, pero también
por los dichos condenatarios del propio Milei, quien no es un demócrata
precisamente. Se ha generado una crisis política mayúscula en el gobierno de
Jujuy -justo en momentos en que quiere disponer de una ley de emergencia de
características antiobreras- que busca como ‘despegarse’ de la manera mas
elegante de esta causa.
Cortar el hilo por lo más débil
Desde ya, el pedido a elevación a juicio a los
agentes del servicio penitenciario es un golpe político fuerte contra el
gobierno y una manifestación de su endeblez más que de supuesta fortaleza. Sin
embargo es el propio gobierno quien decide “sacrificar un peón” para no avanzar
con los responsables políticos de estas detenciones y de los atropellos que
sufrieron.
La lucha por justicia contra las detenciones
arbitrarias y las persecuciones políticas se anotan un modesto triunfo, pero
esta tiene que continuar hasta determinar y establecer a los responsables
políticos de este ataque para acabar con la persecución política en la
provincia y sus instrumentos
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