En la reciente Expo Minera Internacional, los gobernadores de
Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, firmaron, junto al secretario de Minería de
la Nación, Luis Lucero, un acuerdo para conformar una ‘mesa del cobre’, con el
propósito declarado de “acordar políticas comunes y promover la inversión”
(Ecojournal, 23/5). También acompañaron los gobernadores de Córdoba y de
Mendoza.
No todo lo que brilla es oro
En el país ya hay ocho megaproyectos de explotación de
cobre, sobre todo con asiento en San Juan, y decenas de menor escala. Los
gobernadores firmantes han hablado de la posibilidad de que lleguen inversiones
por más de 20 mil millones de dólares y la creación de más de 100 mil puestos
de trabajo directos e indirectos (Página/12, 23/5).
Sin embargo, la llegada de capitales está condicionada a un
tipo de cambio favorable, a la eliminación del cepo y un régimen de
megabeneficios fiscales, es decir el RIGI. Es por esto que los gobernadores de
la mesa han planteado la necesidad de que se trate rápidamente el régimen de
grandes inversiones.
Todos los mandatarios han tomado como ejemplo la llamada
mesa del litio, suscrita por Catamarca, Salta y Jujuy para la explotación de
dicha materia. Sin embargo, la instalación de empresas para explotar el mineral
no ha servido para mejorar la situación de las familias de la región, que están
en peores condiciones que en el pasado. El régimen de regalías no sólo es
exiguo, sino que es violado sistemáticamente.
Tampoco ha servido, en el caso de Jujuy, para iniciar un
proceso que apunte a revertir la dependencia de recursos económicos nacionales
para cubrir los costos de la masa de trabajadores estatales, que sigue siendo
la base laboral mayoritaria en la provincia.
Gestionado por gobiernos entreguistas y empresarios
capitalistas que vienen "a hacerse la América", el llamado ‘cambio de
matriz productiva’ con el litio y los parques solares, ha empeorado las
condiciones de vida de la población.
Otra preocupación reciente de los inversores es la
‘seguridad jurídica’, luego de los choques del gobierno con las prepagas y las
productoras de energía, cuya deuda liquidó con un bono pagadero en 2038, que
cotiza alrededor del 50%, y del recorte del gas para la industria.
El libertario tuvo su pacto
Los grandes capitales mineros tienen puestas sus fichas en
la explotación de estos recursos en Argentina, pero exigen grandes concesiones
para venir a invertir.
Los gobernadores se han convertido en lobbystas de estos
capitales, tomando como propios los reclamos del gran capital. El salteño Sáenz
declaró que “no se pudo llegar al Pacto de Mayo, pero hicimos un gran pacto en
mayo -la mesa del cobre- para avanzar con la minería de manera conjunta”
(Ecojournal). El gobernador de San Juan declaró que para avanzar se debe
recomponer el tipo de cambio y eliminar el cepo cambiario.
La llegada de inversiones está atada no sólo a cambios en la
legislación y a determinados beneficios, sino a determinada estabilización
política.
La explotación de minerales en Argentina tiene carta blanca
no solo por parte del gobierno nacional, sino por los gobiernos provinciales de
todos los colores.
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