lunes, 16 de enero de 2017

A FONDO: la situación del Ingenio La Esperanza tras el paro y corte de ruta de los obreros

A FONDO: la situación del Ingenio La Esperanza tras el paro y corte de ruta de los obreros

En el Ingenio azucarero La Esperanza se produjo un paro de actividades y dos cortes de los obreros en la ruta nacional N° 34 y ruta provincial N° 56 junto a su sindicato, el SOEA. La medida fue apoyada por la FAR, la Federación Azucarera Regional (CTA).
EL paro y corte de ruta del martes pasado fue una medida de lucha votada ante la falta de liquidación de los sueldos de diciembre, el medio aguinaldo, el ´premio zafra´ y planteando precisiones sobre el futuro de los obreros ya que el gobierno dijo que se hacía cargo hasta el 31 de diciembre de 2016. Los obreros reclamaban la liquidación de lo adeudado y una audiencia con el gobernador Gerardo Morales para discutir el resto de los puntos, se firmó un acta con el compromiso de pago de la deuda el viernes 13 y una audiencia para el miércoles 11.
La audiencia no se realizó bajo el argumento de que “el gobierno está auxiliando a los evacuados del alud”, por lo cual, los obreros volvieron a cortar la ruta el jueves 12. En conferencia de prensa, el gobernador Morales repudió el accionar de los obreros, calificándolos de irresponsables y de no ser solidarios. Además anunció que va a promover una denuncia penal contra los obreros acusándolos de “sustracción indebida” de maquinaria de la empresa.
También pretendió intimidar a los obreros al decir que “vamos a tomar las medidas correspondientes con la Gendarmería para que los desalojen y luego con jueces para que carguen con acciones penales por lo que hacen” (otra muestra, aparte, de la farsa de la “independencia de poderes”).
No es la primera vez que el gobernador reacciona así contra los obreros; el año pasado, durante el conflicto entre el ingenio Ledesma y los obreros, el gobierno promovió una multa millonaria contra el sindicato, descuentos a los obreros y una denuncia por el corte de la ruta, todas estas causas aún se encuentran abiertas.
Frente a cada medida defensiva de los obreros en defensa de sus reivindicaciones y en el marco de una situación apremiante, el gobierno aprovecha el alud para descargar un ataque en regla hacia los trabajadores, azuzando además a la opinión pública.
La salida (capitalista) en un impasse
EL Ingenio La Esperanza viene en una situación crítica hace 20 años, con quiebras, rescates, síndicos, arriendo (Roggio 'alquiló' por dos años el ingenio), el gobierno K armó un fideicomiso para hacerse cargo pero se retiró sin poner un peso.
El gobierno provincial planteó desde su asunción que “su” salida al conflicto pasaba por una gestión privada del ingenio, que involucraba una reducción drástica de personal: la desvinculación de dos tercios de los obreros (de 1400 a unos 600). En la negociación entre los capitales, dejaron claro que las condiciones las tenía que imponer el Estado y dejarle al privado una empresa sin conflictos y con un tercio del personal, para que sea rentable en términos capitalistas.
En septiembre de 2016 el gobierno tenía que llamar a licitación y publicar el pliego, sin embargo, hasta el momento no se ha podido hacer un llamado público, inclusive, la perspectiva del gobierno es que el primer interesado agarre la empresa, sin pasar por un proceso licitatorio.
Los acreedores del 90% de la deuda del Ingenio son el Estado nacional y provincial, que sin embargo no pretenden recuperar ningún capital, y que el privado presente un plan de inversiones y partir “de acá para adelante”. El ingenio cuenta con 90 mil hectáreas de las cuales se explotan apenas el 20%. Las variantes propuesta por el kirchnerismo de micro-emprendimientos productivos a través de cooperativas de “cuartas” (obreros macheteros de la caña, desplazados por la mecanización) y obreros desvinculados de la empresa resultó un fracaso rotundo.
La situación social de la zona es dramática, las posibilidades de un desarrollo de un polo industrial que genere fuentes de trabajo no sale de un papel declarativo. En los últimos años se perdieron todos los puestos de “cuarta” del ingenio, aproximadamente 4000, y en el ingenio todos los años se presiona con los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, sumado ahora el intento de desvincular 800 trabajadores del ingenio por parte del gobierno de Morales.
Como dicen en el futbol, en la empresa ya “están jugando tiempo de descuento”: no llega un grupo empresario y el gobierno en este cuadro no puede retirarse, la amenaza de que se retiraba el 31 de diciembre quedó atrás. El plan de desvincular obreros ofreciéndoles una indemnización miserable ($120mil pesos) o un lote para los más ancianos o pasar al desempeñarse en el Estado, no avanza a los ritmos que pretende el gobierno (se calcula que entre retiros voluntarios y pase al estado provincial, se fueron unos 300 de los 800 obreros que para el gobierno “sobran” en el ingenio). Lo más probable es que el costo de preparar la zafra corra por cuenta del estado de nuevo.
Frente a esta crisis que enfrenta el gobierno, por un lado de ajustar a la empresa en términos capitalistas (drástica reducción de personal), y por el otro de encontrar un grupo privado de inversión que se haga cargo, cobra importancia la deliberación entre los trabajadores sobre qué tipo de salida se le da a este conflicto.
Desde el Partido Obrero somos partidarios de una deliberación colectiva por parte de los trabajadores que discuta una salida a esta situación: si la salida la van a dar el gobierno y los empresarios, con su correspondiente reducción de personal y ajuste en las condiciones laborales mientras exigen subsidios millonarios, o la salida va a venir de la mano de los trabajadores a través de una salida propia.
La entrega del ingenio a estos depredadores laborales y ambientales es la liquidación de las posibilidades de desarrollo industrial y social de los municipios de San Pedro y La Esperanza. En oposición a esta sangría, el Partido Obrero de Jujuy plantea la municipalización del Ingenio La Esperanza y su funcionamiento bajo control de sus trabajadores y de una comisión de vecinos de los dos municipios, electos por el voto popular, como la vía hacia el desarrollo urbano e industrial que enterraría años de fracaso de gestión privada, subsidiada por el Estado.
15 de enero de 2017 | Por Iñaki Aldasoro

Alud en Jujuy: la culpa no es de la lluvia sino del que no hace las obras

Alud en Jujuy: la culpa no es de la lluvia sino del que no hace las obras

La provincia de Jujuy está conmocionada por un poderoso alud que desembocó sobre los pueblos de Tumbaya, Barcena y Volcán, por Ruta 9 (camino hacia la quebrada).
Una capa de barro y piedra de entre 3 y 5 metros prácticamente barrió con los pueblos enteros. El alud se cobró dos víctimas y más de mil personas evacuadas. Además, hay casas completamente destruidas y un corte con las ciudades del norte de la provincia.
No se trata de un mero capricho de la naturaleza. Como veremos, asoma la responsabilidad de la clase gobernante. En verano, Jujuy es azotado todos los años por fuertes lluvias. Hace una semana las fuertes lluvias volaron techos y anegaron barrios enteros en Ledesma y San Pedro de Jujuy. Junto con el alud en la zona de la quebrada, se inundaron todos los barrios periféricos de San Salvador y barrios de Palpalá.
El año pasado, por esta fecha, una poderosa lluvia desbordaba el Río Grande dejando inundado y lleno de barro todos los barrios bajos de Tilcara, linderos al río. El ex intendente de Tilcara, el radical Félix Pérez, declaró en esa ocasión que había plata para las obras pero que éstas no se ejecutaron. Este fue el debut en catástrofes del gobierno de Morales.
Un año después, volvieron las lluvias pero no las obras.
El gobierno provincial montó un fuerte dispositivo de fuerte peso mediático. Sucede que el alud se produjo en medio de una de las etapas del Dakar, donde se terminó suspendiendo la etapa 9 del Rally por la catástrofe. La provincia no cuenta con un helicóptero para este tipo de situaciones, por lo que se utilizaron los del Dakar y de Gendarmería.
En Jujuy es necesario un plan de obras públicas para toda la provincia que contemple estos acontecimientos meteorológicos que se repiten todos los años y que genere puestos de trabajo genuinos. Basta de propaganda oficial cuando no han realizado ninguna obra para prevenir estos desastres que van mucho más allá de un fenómeno natural
12 de enero de 2017 | Por Iñaki Aldasoro

Desapariciones en Ingenio Ledesma: anularon la "falta de mérito" que beneficiaba a Blaquier

Desapariciones en Ingenio Ledesma: anularon la "falta de mérito" que beneficiaba a Blaquier

Juicio y castigo a todos los cómplices civiles de la dictadura.
La doctora Irma García Nieto, procuradora fiscal ante la Corte Suprema, dictaminó dejar sin efecto la falta de mérito con la que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había beneficiado a Carlos Blaquier y Alberto Lemos en dos causas: las de los secuestros y desapariciones de Luis Aredez y de los obreros azucareros Omar Gainza y Carlos Alberto Melian; y la causa por el secuestro de una veintena de obreros de Ledesma durante el denominado “Apagón de Ledesma", ocurrido en 1976.
Recordemos que recién en 2012 la justicia tomó como válida la denuncia sobre la utilización de vehículos de la empresa durante los secuestros de la noche del apagón en Libertador General San Martin y los pueblos aledaños, y procesó a Carlos Pedro Blaquier por privación ilegitima de la libertad de trabajadores y referentes sociales. Este procesamiento fue confirmado en 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Sin embargo, en 2015, la Cámara de Casación dictó un fallo inédito en el que, por un lado, aceptaba la utilización de camiones utilitarios y caminos internos de la empresa para los operativos de secuestro de personas, pero que a la vez negó el "dolo"; es decir que, para los jueces, Blaquier y Lemos no conocían el uso que se dio a los vehículos. Lo que se presentó en el tribunal como una falta de mérito fue en realidad una absolución encubierta.
El argumento de la procuradora plantea que Blaquier y Lemos debían tener conocimiento de los fines con que se utilizaban los vehículos, máxime en un contexto de persecución política al activismo y a la disidencia política. Además, luego del secuestro de Aredez y de los obreros Gainza y Melian –que fueron secuestrados entre marzo y abril del ´76–, no podían desconocerlo cuando la dictadura volvió a utilizar sus servicios en julio del mismo año (Noche del Apagón).
Organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos han denunciado, desde el juicio a las Juntas en 1985 y en cada oportunidad que tuvieron, la responsabilidad con la dictadura por parte de la burguesía nacional y sus capitanes de la industria, Blaquier entre ellos.
Blaquier es un empresario poderoso e influyente y tuvo buenas o excelentes relaciones con los gobiernos de turno de los últimos 40 años, incluso la última dictadura militar. Dirige un emporio multimillonario que fue sistemáticamente beneficiado bajo el kirchnerismo con la parte del león del negocio de bioetanol. Blaquier solía dedicarle poemas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el último periodo también se vio beneficiado por el tándem Macri-Morales. Sin embargo, para la Justicia, este señor no ofrece “riesgo de entorpecer ninguna causa” y es por eso que no ha estado nunca detenido bajo prisión preventiva. En 2012, cuando se realizaban allanamientos a las oficinas de Ledesma, se descubrieron carpetas de inteligencia y se demostró que la empresa contrató una empresa de inteligencia internacional para hacer espionaje sobre luchadores sociales, activistas y partidos políticos de izquierda.
Este fallo podría volver a procesar a Blaquier y Lemos. Es hora de relanzar una gran campaña de las organizaciones sociales, políticas y sindicales por cárcel a Blaquier, Lemos y todos los cómplices civiles de la dictadura militar.

La segunda condena a Milagro Sala: multa y proscripción

La segunda condena a Milagro Sala: multa y proscripción


El día de ayer se dictó la segunda sentencia a Milagro Sala. Esta vez, en el fuero contravencional, en la causa por los 52 días de acampe en la Plaza Belgrano por la que fue detenida hace casi un año atrás. Fueron juzgados Sala y también la Tupac Amaru, su organización, en calidad de “persona jurídica”.
Sala fue condenada a pagar una multa de $3.780, más la inhabilitación para participar de asociaciones jurídicas y políticas por 3 años y la clausura de la sede de la Tupac Amaru por 3 meses.
Milagro Sala estuvo detenida más de un mes por una simple contravención. Cuando se agotaron todos los plazos y las excusas para retenerla en prisión, el gobierno armó un esquema de múltiples acusaciones para prolongar su detención. En particular, las causas iniciadas por la malversación de fondos públicos están paralizadas, porque involucran a buena parte de las contratistas y políticos de la provincia.
Para los luchadores, este fallo reviste enorme gravedad. Una causa iniciada en una protesta arroja una condena económica, aunque ínfima, combinada con una proscripción política sin precedentes.
En su alegato, Sala volvió a denunciar que es una perseguida política de Morales. En un tramo, enumeró a todas las organizaciones que participaron del acampe, pero ninguna se movilizó a los tribunales para apoyarla. Una buena parte se pasó al campo del gobierno. Ni los funcionarios K se quedaron a hacer el aguante. Curioso: vinieron a apoyarla en la causa por el escrache a Morales, pero no se quedaron a bancar la causa por el acampe (Berni mediante, a los K tampoco le gustan los cortes y medidas de fuerza).
La Tupac Amaru viene en un terrible retroceso organizativo. El gobierno de Morales se ha encargado de  desguazarla y desmontar toda la infraestructura que había montado al amparo de los K (consultorios médicos, piletas en los barrios, etc).
Morales despidió empleados públicos, detuvo y mando reprimir a los municipales y trabajadores de Ledesma, descontó –por primera vez desde el año 1983– los días de paro decretados por los gremios nacionales, entregó el bono de fin de año más bajo del país ($1.500 para la mayoría de los trabajadores). La perspectiva para el año que viene es de profundización de medidas contra los trabajadores, en una provincia con 40% de empleo informal, niveles salariales por debajo de la media nacional y niveles de pobreza muy por encima de la media.
Esta condena sienta un grave precedente para todas las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles o de cualquier índole que pretendan enfrentar al gobierno ajustador.