viernes, 7 de julio de 2017

EL PANORAMA POLÍTICO QUE ARROJA EL CIERRE DE LISTAS

Si bien el gobernador Morales se muestra confiado en que tiene la elección “atada”, se ha revelado incapaz de plantear una salida a la bancarrota de la provincia ni siquiera en sus propios términos.
 Está empantanada desde hace una año la privatización del Ingenio La Esperanza (esta semana el ministerio decretó conciliación obligatoria por el reclamo de pagos adeudados), siguen los conflictos en el Ingenio Ledesma, donde el gremio enfrenta al gobierno provincial, que ha estrechado lazos con la patronal de Blaquier. Jujuy ha más que duplicado su deuda pública en 18 meses, producto del megaendeudamiento por la construcción del Parque Solar, sumado a otros gastos. Los municipales y estatales están en un plan de lucha contra el recorte que pretende dejar afuera del Estado a cientos de trabajadores. Han estallado conflictos en las salud y en educación, donde el gobierno avanza en una política desguace, atacando a los docentes, cerrando carreras e institutos, etc.
 En este cuadro, se abre un importante campo para la intervención de una alternativa política independiente de los trabajadores, que pueda llegar a un sector más amplio aún del que ha conquistado el FIT en la provincia.
 Panorama electoral
 El frente de gobierno, una alianza entre la UCR y el Frente Renovador massista, se presenta dividido en las próximas elecciones legislativas para reforzar sus respectivos armados nacionales. Morales, a su vez, cree que la dispersión del “voto peronista” en nueve listas (tres por el FR y seis por el PJ) lo beneficia de cara a octubre y hasta podría modificar el esquema de poder en el frente gobernante.
 El Frente Jujuy Cambiemos, integrado por la UCR, el PS, el PRO, la CC/ARI, entre sus principales miembros, lleva de candidatos a diputado nacional a Gabriela Burgos (UCR), y en segundo término a Osmar Monaldi (PRO). Para senadores lleva en primer término a Mario Fiad, ministro de Salud, muy repudiado por los trabajadores del área por la falta de obras y los bajos salarios, lo que ha llevado a una serie de manifestaciones, paros e inclusive renuncias masivas como método de reclamo.
 Por el lado del Peronismo Renovador, que dirige el vicegobernador Carlos Haquim, se presentarán 3 listas que responden a 3 sectores diferentes: el que responde al propio vicegobernador con Pedro Segura (empresario, presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy) y a Ignacio Sadir (empresario, presidente da la cámara empresarial jujeña); el sector del Partido Blanco de los Trabajadores, que lleva a Carlos Snopek y Marcelo Abraham; y la lista Encuentro Jujeño, que postula a Marcelo Nasif y Carlos Canteros.
Las Paso para el PJ presentan una serie de particularidades: compiten seis listas internas en la perspectiva de “arañar” un lugar en las provinciales de octubre. El PJ jujeño se encuentra intervenido y su interventor, Celso Jaque, ha planteado que un esquema para el armado de las listas provinciales (se renuevan 24 legisladores y la mitad de todos los concejos deliberantes) se arme con el resultado de las listas que se presentan en las Paso nacionales. Esto ha llevado a que muchos sectores, tanto del interior y como de la capital, armen sus propias estructuras de cara a las nacionales, para tratar de estar en las listas provinciales de octubre. El otro elemento particular de la interna del PJ es que ninguna lista se reivindica kirchnerista, se hace cargo de su pasado en el FpV, ni se encarama como ´representante de CFK en Jujuy´, mucho menos del ex gobernador Fellner, a pesar de que varios formaron parte de su gobierno. Tampoco ninguna lista se manifestó a favor de Randazzo, lo que demuestra que la especulación y el oportunismo de acomodarse con los resultados “en la mano” marcan su sino.
 Las principales listas llevan a Rubén Rivarola y Walter Barrionuevo; a Liliana Fellner y Adrián Mendieta y a Guillermo Snopek y José Luis Martiarena. Con diferentes matices y tonos en el discurso, las listas se plantean como una “oposición responsable” que pretende “ayudar al gobierno a tomar las medidas correctas”, lo que demuestra que no hay un planteo alternativo de parte del peronismo, sino que continúa la colaboración de la ´coalición del ajuste´ .
 Con los plazos vencidos, la justicia decidió aceptar la lista de MILES que se presenta bajo el nombre de Unidad Ciudadana (había caído su presentación como alianza). Esta lista, que se presenta como la lista K en Jujuy, lo hace completamente debilitada: el mayor agrupamiento K de la provincia, el Frente Unidos y Organizados, planteó que no va a participar de las elecciones mientras “Milagro esté presa”; tampoco participa La Cámpora, y el kirchnerismo universitario ni siquiera se ha pronunciado públicamente. El juzgado electoral también aceptó la lista del MST, que se presenta como Nueva Izquierda, sin tener nada de nuevo, y su único objetivo es el de dividir los votos con el FIT. Desde la detención de Milagro Sala y el posterior desmembramiento de la Red de Organizaciones Sociales (cooptadas en su mayoría por Morales), el MST ha dejado de intervenir activamente en la provincia. Por su parte, el PCR, no tendrá intervención electoral, tras no haber alcanzado un acuerdo con su socio histórico en la provincia, el MST.
 Frente de Izquierda: una lista de los que enfrentamos al ajuste
 El Frente de Izquierda presenta una lista de lujo de cara a estas elecciones. Encabezan la lista a senadores: Gastón Remy, docente universitario y dirigente del PTS, y Paula Retambay, docente de Ledesma y referente del PDT y el Partido Obrero; para diputados nacionales, Alejandro Vilca, referente del PTS y obrero de recolección, y Andrea Rúa, docente y referente del PDT en la capital. Las listas las completan Natalia Morales, Iñaki Aldasoro, Julio Mamani, Victoria Mendez Torrez, “Chopper” Eguez, Estela Colqui y Andrea Gutiérrez.
 El Partido Obrero pone su militancia y su experiencia en los conflictos que se están produciendo en la provincia, desarrolla una fuerte campaña para instalar al FIT como la referencia política de los trabajadores.

IÑAKI ALDASORO



JUJUY TIENE LA TASA MÁS ALTA DE FEMICIDIOS (PERO MORALES Y SAPAG NO SE DAN POR ALUDIDOS)

El Registro Nacional de Femicidios (órgano de la Suprema Corte de Justicia) reveló que en 2016 la provincia de Jujuy tuvo la tasa más alta de femicidios (10 casos). En lo que va de 2017, otras seis mujeres fueron brutalmente asesinadas por violencia de género, incluida una niña de 8 años. Estos datos indican una incidencia del 2,68% de víctimas fatales cada 100.000 habitantes, triplicando a la ciudad de Buenos Aires, que muestra un 0,86%.
 Estas cifras reflejan uno de los motivos por los cuales el movimiento de mujeres viene dando una enérgica batalla contra el Estado y sus gobiernos, que recrean permanentemente las condiciones de extrema violencia que tiene a las mujeres como sus principales víctimas.
 En nuestra provincia en los últimos años –incluida la transición del gobierno de Fellner a Morales–, se acrecentaron significativamente los asesinatos de mujeres. La creación de la Secretaría de Paridad y Género, los diferentes centros de atención y los Juzgados Especializados, recién creados, no pudieron poner freno a esta gran problemática que sufren miles de jujeñas.
 El Estado es responsable de los femicidios, ya que sus distintas instituciones garantizan la reproducción de la miseria social y de la violencia que se desprende de ella. En numerosos casos están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad, lo que demuestra la formación misógina y represora de los agentes. El caso impune de Romina Aramayo (2014) demostró el vínculo de las redes de trata con los empresarios de la noche y oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad. En el 2016, el comisario Silvio Quiroga de la ciudad de Palpalá fue denunciado por una efectiva tras sufrir hostigamientos reiterados, al punto de apuntarla y amenazarla con su arma reglamentaria; en octubre del mismo año, Carina Gutierrez de 30 años fue asesinada de un tiro en la cabeza por parte de su pareja Víctor Chauque, miembro de la policía de Tilcara, quien se ahorcó luego de asesinarla.
 En febrero del 2017, el caso de Nahir Mamaní (20) nuevamente  puso en tela de juicio al gobierno y a la titular de Secretaría de Paridad, Soledad Sapag, quien en reiteradas declaraciones, y sin ningún prurito, culpabilizó a la víctima y a su familia por el terrible desenlace que sufrió la joven madre. Cada nuevo femicidio demuestra el terrible grado de descomposición social en el que nos encontramos. En mayo, apareció calcinado el cuerpo de Alejandra Oscari en la ciudad de San Pedro; Alejandra fue quemada mientras se encontraba con vida por su padrastro quien aparentemente la sometía a una relación de abuso. Pero para Sapag el problema central es la cultura machista de la sociedad jujeña, una forma de desentenderse de la responsabilidad que le cabe al Estado y a sus instituciones en la agudización de la violencia, sobre todo cuando la totalidad de las víctimas fueron mujeres de las clases sociales más pobres y vulnerables.
 En una provincia donde históricamente las mujeres fuimos y somos carne de cañón de los ataques del Estado y los gobiernos de turno, estas cifras confirman la situación insostenible de violencia y barbarie, que pretende aleccionar a las mujeres, a la juventud y al conjunto de la clase obrera; para llevar a cabo con éxito el ajuste brutal que cada día destruye las mínimas condiciones de vida de las familias trabajadoras. No podemos olvidar que Jujuy es la provincia donde el Estado, su Justicia y la Iglesia condenaron a Romina Tejerina, víctima de violación, y absolvieron a su violador; una provincia donde la mirada condenatoria de muchas jujeñas hacia la víctima, se halla condicionada por la miseria social que las rodea. Es un régimen social y político el que nos oprime y cuyo último eslabón son los brutales femicidios que van en ascenso.
Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero venimos  organizando, acompañando a los familiares de las víctimas y participando de las numerosas luchas en las que denunciamos la responsabilidad del Estado. El cambio de gobierno de los partidos patronales demuestra que no está en sus intenciones terminar con la violencia hacia las mujeres: sólo la lucha y la construcción de un cambio desde las bases sociales y por un gobierno de la clase trabajadora son los que liberarán a la mujer del yugo de la opresión y explotación.
 Ni una menos. Basta de femicidios.
 Fuera Sapag.

 Por un Consejo Autónomo de las Mujeres independiente, que sea electo y revocable.

ANDREA RUA