jueves, 28 de enero de 2016

JUJUY: MORALES, GARROTE Y LA ZANAHORIA

El gobierno provincial pretende cooptar al movimiento de Sala por la política de la zanahoria y el garrote.

En la última sesión extraordinaria de la Legislatura ha votado otorgar a todos los trabajadores de las cooperativas inscriptas en el estado la obra social de la provincia, el ISJ.

Mientras tanto, el gobierno amedrenta a las organizaciones sociales para que se retiren de la plaza y rompan con la Túpac Amaru para pasar a empadronarse directamente con el Estado (y el gobierno de Morales).El gobernador ha incorporado a sus filas a elementos del riñón de la propia Sala, como el caso de Emilio Cayo y José Bejarano, de la ODIJ, con gravísimas denuncias, del mismo tenor de las que caen sobre Milagro Sala. Es decir, el gobierno no pretende terminar con los actos de corrupción, con los desvíos de recursos o la patota, sino reproducir, esta vez con otro patrón, el sistema clientelar protagonizado por personajes que han pasado de ser desocupados a empresarios exitosos y millonarios, unos de boliches nocturnos y el otro de empresas de viaje y transporte, como es el caso de Cayo y Bejarano. Ambos tienen frondosos historiales de denuncias, Bejarano va a juicio por amenaza con arma de fuego a trabajadores del SEOM.

Cabe recordar que Emilio Cayo también está imputado por “instigación al tumulto” pero corre otra suerte, ya que se lo pudo ver acompañando al gobernador en visita a las obras que tienen las cooperativas de la ODIJ en Alto Comedero.

La disputa por el control de la calle

La disputa se trató de llevar a las calles con un cierto fracaso de ambos lados: La movilización organizada por la Túpac Amaru (en realidad dijeron que fue una indicación desde Santa Cruz) que prometía 500 cortes en Argentina, no superó la treintena, en un par de provincias. En Jujuy se realizaron 6 cortes y una marcha alrededor de la plaza, donde si tenemos en cuenta el desarrollo y la extensión de la agrupación aparecen las debilidades del propio bloque. Por el lado del gobierno, se han convocado marchas ´autoconvocadas´ a su favor, una el miércoles y otra el sábado, que no superaron el centenar de personas, desnudando una falencia histórica del radicalismo, que es su capacidad de movilización.

Mientras el gobierno se pasea por los medios con denuncias por enriquecimiento ilícito y desvíos de fondos por parte de Sala, todavía no ha aportado nada en concreto al expediente que la tiene detenida únicamente por instigación al tumulto y al delito. 

Es en este marco que desde el Partido Obrero planteamos el repudio a su detención y el desprocesamiento por instigación y tumulto, causa que la tiene hoy detenida. Como también planteamos el desprocesamiento de los 5.000 luchadores, derogación de la ley antiterrorista y de cualquier legislación que afecte el derecho de protesta, como la famosa “ley de paritarias” de Jujuy que obliga a prestar servicios básicos casi a toda la administración pública, impidiéndoles hacer huelga.


Iñaki Aldasoro


TUPAC AMARU: ¿ESTADO PARALELO U ORGANIZACIÓN PARA-ESTATAL?

Morales y Macri, pero también Massa (que cogobierna con Morales la provincia), presentan a la cruzada contra Sala como un símbolo de la nueva época, en donde pondrían fin a la corruptela y el clientelismo de los K. Dicen además, que quieren restituir el control estatal frente a la Túpac, que se habría convertido en un “Estado paralelo”.
 La verdad es que la cooptación de la Tupac luego de 2001 y los jujeñazos, fue la forma particular que tuvo que darse la burguesía para regimentar a las organizaciones populares luego de que se quebrara el viejo aparato de punteros del PJ. Así fue que se convirtió en una suerte de gerenciadora sobre la base de un manejo discrecional de millones y millones de pesos sin control, lo que la convirtió en un “Estado dentro de un Estado”.
 A través de ella, el Estado nacional tercerizó la obra pública y otras funciones del Estado con trabajadores cobrando la mitad del convenio Uocra.
 El vasto alcance de la “red” fue garantizado por el gobierno nacional kirchnerista manejando la caja con manu militari y violando las propias disposiciones de la normativa de las cooperativas de viviendas. El mecanismo fue la entrega de los fondos directamente a Sala, cuando deben ir a cada cooperativa. Ante diversas presentaciones judiciales, la maniobra se sofisticó. Los cheques eran enviados a las cooperativas, pero con la condición de ser endosados a la caja central que distribuía los fondos. Por otro lado, los importes de materiales y gestión iban directamente a la caja central, lo que alimentó la enorme red de corrupción punteril de Sala.

Un proceso similar se dio en el gobierno de la capital ejercido por la UCR de Morales desde hace ocho años. Desde ese lugar han realizado convenios con las agrupaciones que responden a Sala, sin los controles de rigor, generando competencia desleal con los municipales de la planta permanente que fueron viendo cómo se vaciaba la capacidad del municipio para realizar obra pública por sí mismo a partir de estos convenios negreros con la “Red de Organizaciones”.
 La organización de Sala entró en conflicto en estos años con un ala de la burguesía jujeña que fue desplazada de los contratos del Estado y esto fue motivo de diversas crisis y choques.
 Cuando Morales habla de restituir el Estado, está hablando de recuperar esa cuota del presupuesto para la patria contratista y de rearmar una red de punteros (como ya lo está haciendo con el 99% del viejo elenco excepto Sala), pero mucho más atomizada, sin la capacidad de lobby de la red de la Tupac para disputar el presupuesto de la obra pública.

El derrotero de la Tupac

Morales avanza ahora sobre la Túpac, combinando represión con la cooptación de buena parte de los dirigentes de sus cooperativas y de parlamentarios de su partido.
 El 14 de enero, en una conferencia, unas 15 organizaciones sociales y cooperativas anunciaron el retiro del acampe y la puesta a disposición del gobierno para seguir trabajando en las cooperativas bajo las nuevas disposiciones.
 Pero el golpe más fuerte lo recibió el 29 de diciembre, cuando se retiró del acampe la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy (Odij), una de las organizaciones sociales más grandes de la Red de Milagro Sala.
 Sala fue candidata del FpV. Sin embargo, Fellner y compañía le han soltado la mano, solo ha recibido hasta ahora el apoyo de La Cámpora.



UN ARIETE CONTRA LA ORGANIZACIÓN POPULAR INDEPENDIENTE

A raíz de la detención de Sala,  se ha producido un intenso debate sobre su rol político. La caracterización de que su accionar debilitó al Estado es complemente interesada, ya que su organización fue un instrumento para estatizar al movimiento popular de la provincia.

La Tupac Amaru ha terminado cumpliendo un rol regimentador de la protesta social, una suerte de servicio paraestatal para mantener el orden.

Durante el último período de la “década ganada”, particularmente bajo el gobierno de CFK, la Túpac ha mantenido una política de no cortar las rutas, por lo menos las nacionales.

Son reiteradas las veces que se han producido ataques de la Túpac Amaru hacia otras organizaciones sociales y de trabajadores. En la mayoría de los casos fue actuando en defensa del gobierno nacional o provincial, más que una disputa por “ganar la calle” o por alguna reivindicación.
Cabe recordar que el PO fue impedido de participar de la marcha del apagón en Ledesma en 2006 por Milagro y su grupo porque éramos críticos del gobierno de Kirchner y de la dirección de la CTA. Cuando estaba por comenzar la marcha se acercó Milagro con un grupo de personas, rompió pancartas y volantes, amenazó y golpeó compañeros (PO Nº 957). Un año antes su organización había agredido a la CCC y el MST.

En 2010, la Tupac Amaru agredió a trabajadores temporarios del surco, que luchaban por sus reivindicaciones.

Cuando se produjeron decenas de asentamientos en Jujuy, producto de la crisis que había resultado de la represión policial de la toma de tierras del “Triángulo” (2011), en Ledesma, la Tupac fue una fuerza de choque que se encargó de “levantar” varios asentamientos, siendo funcional a la política del gobierno que trataba de controlar la situación con el plan “un lote para cada familia”.

En 2012 se produjo la toma de tierras en Humahuaca por parte de la Agrupación Titi Guerra, perteneciente a la Red de organizaciones Sociales dirigida por Milagro Sala, donde fue asesinado de un balazo “Pato” Condori, habitante de la zona.

Con las organizaciones del “Perro” Santillán tuvo varias acciones similares, en algunos casos siendo cohorte de las fuerzas represivas, como fue en la lucha de 2009. La última de importancia fue en 2013 cuando la lista de Santillán recuperó el gremio y los dirigentes de la Tupac amenazaron con armas de fuego a la lista ganadora. También reprimió en 2015 a los trabajadores municipales que se movilizaron al concejo deliberante con el Seom por el pase a planta y categorización.

En conclusión, la Túpac Amaru fue parte de la “tercerización” de la represión en la provincia.




MILAGRO SALAS

En la última reunión por el 24 de Marzo propusimos que el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocara cuanto antes a una movilización a la Casa de la provincia de Jujuy para reclamar la liberación de Milagro Sala. Sin embargo, entre las organizaciones presentes no hubo quórum para lanzar una convocatoria independiente.

La mayor parte de los partidos de izquierda le sacaron el cuerpo a la propuesta. Varios de ellos -PTS, MAS, MST, Cuba-MTR- habían participado el día anterior de la convocatoria K a Plaza de Mayo. Lejos de tratarse de una acción de frente único en defensa de las libertades democráticas, aquel acto exaltó la figura de Sala. Figurones del gobierno de CFK -como Agustín Rossi, ministro de Defensa durante la gestión Milani- fueron sus voceros políticos, junto con Guillermo Moreno, el patotero del Indec.

El rol de Sala y la Túpac Amaru en Jujuy ha sido el de forzar, mediante patotas y recursos económicos públicos, la estatización de buena parte del movimiento popular de la provincia, subordinándolo al gobierno kirchnerista. El repudio a la detención no puede confundirse ni por un momento con una reivindicación de su política. Nuestra propuesta de una marcha independiente permitía enfrentar la represión sin confundir banderas ni estrategias. El rechazo de la izquierda a esta movilización, luego de haber ido a Plaza de Mayo con La Cámpora y compañia, la convierte en furgón de cola del kirchnerismo.



martes, 19 de enero de 2016

DETENCIÓN DE MILAGRO SALA ES UN ACTO EXTORSIVO Y UN ATAQUE A TODO EL MOVIMIENTO OBRERO.

 El Partido Obrero denuncia que la detención de Milagro Sala configura un ataque al derecho a la protesta social y establece un precedente contra el movimiento obrero y popular que tiene por delante la tarea de rechazar el ajuste. La represión que se ejecuta en Jujuy tiene como antecedentes inmediatos la acción policial contra los trabajadores de Cresta Roja y estatales de La Plata.  Esta disposición represiva la ha dejado clara Gerardo Morales desde su asunción, cuando planteó que en la provincia se acaban los cortes y las protestas “desmedidas”. Al igual que Macri, ha planteado un protocolo de protesta donde busca judicializar y regimentar las mismas, inclusive multando individualmente a personas que realicen alguna medida de lucha

El Partido Obrero denuncia el objetivo que persigue la dupla Macri-Morales nada tiene que ver con la transparencia en la asignación de los planes sociales. Lo prueba el acta de detención, que nada dice sobre denuncias se corrupción, pero si califica a un acampe de organizaciones sociales como “instigación al delito y al tumulto” y explicita que Milagro Sala continuará detenida “mientras dure el acampe”, lo cual supone una extorsión pública para imponer la finalización de una medida de acción directa.

Detrás de la represión contra la Tupac Amaru se esconde el objetivo de Morales de manejar por métodos punteriles la asistencia social. Para esto, incluso, ha cooptado a una parte de los propios punteros de Salas (sin Salas). Morales quiere ser él mismo el negrero de los compañeros de las cooperativas que cobran menos de la mitad del convenio Uocra y realizan buena parte de la obra pública en Jujuy. La UCR jujeña, que gobierna la Capital provincial desde hace años, ha pactado siempre con punteros de toda laya igual que Macri en la ciudad de Buenos Aires.

La acción represiva busca imponer un ajuste. A eso apunta el anuncio de Morales de que se suspenderán las personerías jurídicas y se inhabilitarán las cuentas bancarias de las organizaciones que permanezcan en la plaza después del 14 de enero. La amenaza es contundente en el sentido que al suspenderles la Personería Jurídica, las mismas pierden la posibilidad de inscribirse para la construcción de viviendas y otros tipos de contratos de obras con el Estado, además de los bolsones alimentarios, viviendas y entrar en el programa de reempadronamiento de capacitadores, lanzado recientemente.

Señalamos la impostura del kirchnerismo, que mientras denuncia la represión contra Milagro Sala en Jujuy le pide a Macri el envío de fuerzas de la Gendarmería a Santa Cruz para reprimir a los obreros de la construcción, echados por el empresario Lázaro Báez, y vota en la Legislatura de la Ciudad el traspaso de la Policía Federal orquestada por el  macrismo.

El Partido Obrero repudia la represión en Jujuy, así como a pretensión de liquidar el derecho a la protesta social, y exige la libertad de Milagro Sala.


Exigimos que se preserven los puestos de trabajo a las cooperativas y su plena autonomía del estado. El control de los recursos debe volver a las bases de las organizaciones, con la elección y derecho de revocatoria  de  los delegados.


SOBRE LA DETENCIÓN DE MILAGRO SALA

Este sábado se produjo la detención de Milagro Sala,  a causa del acampe que mantienen las organizaciones sociales que le responden en la Plaza Belgrano desde la primera semana de gobierno radical, en reclamo de presupuesto para la Red de cooperativas. La detención se produjo bajo la figura de “instigación al delito y tumulto”.  Esta medida configura un ataque y un precedente contra todo tipo de manifestación pública.

La organización de Milagro Sala se ha convertido en una suerte de gerenciadora sobre la base de un manejo discrecional de millones y millones de pesos sin control del presupuesto del estado, lo que la convirtió en un “estado dentro de un estado”. Nunca antes una organización social manejó tantos recursos por parte del estado como la Red de Milagro Sala. A través de ella el Estado Nacional tercerizó la obra pública y otras funciones del Estado.

El gobernador Gerardo Morales ha declarado repetidas veces que no va a permitir “intermediarios” entre la gente y los recursos del Estado. De todas las denuncias que tiene Sala, el gobierno ha elegido detenerla por manifestarse.

Busca, a través de un personaje controvertido y con “mala prensa”, castigar a todos los que quieran reclamar. Es de destacar también esta nueva muestra clara del carácter absolutamente servil de la justicia con el poder político. Hasta diciembre, Milagro venía siendo sobreseída, las causas quedaban prescriptas o no se avanzaba en ninguna investigación en las más de 60 causas que tiene en contra. Un cambio de signo de gobierno hace que la justicia busque acomodarse con el poder de turno y actúe con celeridad en una causa que busca de fondo la regimentación de la protesta social.

Morales y la protesta social

Desde su asunción, Gerardo Morales ha planteado que en la provincia se acaban los cortes y las protestas “desmedidas”. Al igual que Macri, ha planteado un protocolo de protesta donde busca judicializar y regimentar las mismas, inclusive multando individualmente a personas que realicen alguna medida de lucha.

En el marco del acampe, el gobierno de Morales ha anunciado la suspensión de las personerías jurídicas y la inhabilitación de las cuentas bancarias de las organizaciones que permanezcan en la Plaza después del 14 de enero.

Al suspenderles la Personería Jurídica, las mismas pierden la posibilidad de inscribirse para la construcción de viviendas y otros tipos de contratos de obras con el Estado, además de los bolsones alimentarios, viviendas y entrar en el programa de reempadronamiento de capacitadores, lanzado recientemente.

Esta política produjo una división al interior de la Red, que hasta hoy recibía sus prebendas a través de Milagro sala y que con la pérdida de su poder, busca reacomodarse junto a los “nuevos poderosos”.

El derrotero de Milagro

El gobierno aprovechó para la detención, una seguidilla de golpes contra la Red de Organizaciones Sociales. El 14 de enero una conferencia con unas 15 organizaciones sociales y cooperativas que se retiraban del acampe y se ponían a disposición del gobierno para seguir trabajando en las cooperativas bajo las nuevas disposiciones.

Pero el golpe más fuerte lo recibió el 29 de diciembre, cuando se retiró del acampe la ODIJ, una de las organizaciones sociales más grandes de la Red de Milagro Sala, que cuenta con el concejal por San Salvador, Bejarano y un diputado provincial, Cayo. La ODIJ se retiró de la Red de Organizaciones Sociales, Bejarano se retiró del bloque parlamentario y armará un monobloque en el Concejo, y Emilio Cayo renunció a la ODIJ para permanecer junto a Sala.

La Tupac Amaru enfrenta fuertes cruces al interior de su movimiento sobre cómo seguir, y fuertes presiones hacia sus dirigentes que se han movido con criterios clientelares en favor de sus propios beneficios, reflejo de esto fueron estas rupturas desde “arriba”, con acuerdos de sus dirigentes con el gobierno radical.

A la defensa de las conquistas de las organizaciones sociales frente al ajuste del gobierno, se debe plantear un balance de lo actuado por parte de estas organizaciones cooptadas por el gobierno de turno, por su programa y sus métodos antidemocráticos, de presiones y de abuso y explotación de las necesidades de los trabajadores.

Es necesario volver al control de los recursos por parte de las bases de las organizaciones, la elección y revocabilidad de delegados, volver a las asambleas y los debates democráticos entre los trabajadores. En definitiva volver a las tradiciones del movimiento obrero combativo.

Desde el Partido Obrero denunciamos la detención de Milagro Sala como un intento de regimentar la protesta de todos los trabajadores pertenezcan o no a sus organizaciones. El ajuste está en marcha y los recursos del gobierno y también de sus opositores, como ocurre en Santa Cruz son los mismos, golpear al pueblo y regimentarlo para evitar su reacción.

Iñaki desde Jujuy




lunes, 4 de enero de 2016

JUJUY: EL “CAMBIO” Y LA NECESIDAD DE UN PROGRAMA

En la primera semana de gobierno, el nuevo gobernador radical, Gerardo Morales, convocó tres sesiones extraordinarias de la Legislatura, y en la última votó un paquete de leyes con la intención de granjearse un fuerte apoyo popular. Las mismas merecen un análisis profundo.
Se votó la creación de una Oficina Anticorrupción, el boleto estudiantil gratuito provincial (Begu), el cese de la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua, la estatización de Agua de los Andes SA, la emergencia en materia de seguridad, el concurso público para la selección de jueces, la creación de seis nuevos municipios, la conversión del Banco de Acción Social en Banco de Desarrollo con el propósito de ampliar su intervención, la creación de ministerios y juzgados, la reforma de la ley 4444 para facilitar el acceso a la información pública, entre las principales medidas.

Algunas de esas disposiciones implicarán dolores de cabeza para el gobierno en el futuro: la estatización de Aguas de los Andes ha sido un rescate de la empresa, incapaz de dar soluciones a los sistemáticos cortes de agua, mucho menos de proveer agua y cloacas a todos los nuevos barrios y asentamientos que se produjeron en la provincia. Se anunció la posibilidad de solicitar créditos internacionales para esta empresa, lo que significará más aumentos de tarifas a los nuevos y viejos usuarios del servicio. El Begu deberá afrontar el problema del financiamiento: el gobierno ha propuesto hacerlo con un impuesto al juego, pero esto ya ha fracasado en la implementación del Begu de la capital, por lo que el Ejecutivo ha dicho que en una primera instancia se hará cargo el Ejecutivo provincial. El cese de la explotación petrolera tiene como telón de fondo la caída estrepitosa de los precios a nivel internacional, lo que hace improductiva la explotación por el momento (dentro del parque Calilegua hay 22 pozos petroleros, de los cuales sólo seis estaban activos). Las medidas de fondo no serán tan “democráticas” ni “mediatizadas” porque no podrán presentarse como un progreso. La provincia ha votado un presupuesto deficitario previo a la devaluación del gobierno nacional, lo que implica un recorte más fuerte a los recursos de la provincia. Deberá discutir paritarias y los conflictos con las organizaciones sociales no serán tratados en sesiones especiales. Querrán ser resueltos vía decretazos.

Como reflejo del conjunto, en Jujuy se pretende establecer un giro que lleva a la regimentación y represión de la protesta social. A la declaración de emergencia en seguridad, se sumó el llamado de fuerzas de Gendarmería para reprimir la movilización de Milagro Sala. Al gobierno provincial le salió mal la jugada: el colectivo que venía a Jujuy se estrelló y causó la muerte de 42 gendarmes, con lo cual tuvo que suspender el operativo. Eso no impidió a Morales responsabilizar a Sala por la tragedia. El gobierno trata de desviar la atención frente al intento de imponer la regimentación de la protesta social, el control de la calle y la ‘circulación por las rutas. ¿Qué dirá el gobierno ahora que se presentaron denuncias de que el vehículo no cumplía con las condiciones mínimas para circular, y que el chofer estaba en tratamiento psicológico y no debería haberse ocupado del manejo? (La Nación, 18 y 20/12).

La batalla de fondo

Lo que se trata de presentar como una disputa entre “democráticos” y “autoritarios” esconde la disputa que tienen por el control de partes del aparato del Estado. No hay una cuestión de principios. Mientras la disputa está en curso una intensa negociación sobre el manejo de una porción del presupuesto.

El gobierno provincial necesita recuperar el control del Estado, recuperar sus atribuciones. Es así que pretende poner en caja a las organizaciones sociales, empezando por la más grande, encabezada por su principal rival político.

En un primer momento, Milagro Sala pretendió abrirse de la disputa política, presentó su renuncia como legisladora jujeña (le quedaban dos años de mandato) y se aprestó a jurar como diputada del Parlasur a la espera de aires más tranquilos; convocó asambleas en los establecimientos para anunciar esta decisión. Horas más tarde se convenció o la convencieron de que no podía dejar la dirección del movimiento y encabezó una movilización y acampe al frente de Casa de Gobierno para reclamar ser atendidos y discutir la continuidad de las cooperativas.

Gerardo Morales les contestó que no va a atender a nadie por medio de la “extorsión” y anunció que todas las cooperativas tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para inscribirse en el Estado y regularizar los procedimientos de adjudicación y ejecución de obras, previo una serie de medidas: bancarización de sus integrantes, control de los recursos y auditorias y rendición de cuentas.

El planteo del gobierno presenta varios cuestionamientos: primero, interviene directamente en las organizaciones sociales, con el agravante de dejar un precedente y meterse en la vida de todas ellas; segundo, no hay garantías de que todas las cooperativas mantengan su trabajo ni a lo largo del tiempo; tercero, elimina la organización independiente, al pasar cada cooperativa a dejar su “currículum” a una oficina del Estado y esperar ser contratada; cuarto, ataca directamente la posibilidad de generar empleo genuino suplantando con trabajo precario (por ejemplo, en las vacaciones las cooperativas van a arreglar escuelas, trabajo que corresponde a personal de mantenimiento del Ministerio de Educación).

El Partido Obrero se solidariza con los trabajadores de estas cooperativas y denuncia que la “década ganada” K sólo ha generado precarización laboral, una competencia desleal donde el Estado utiliza mano de obra por una fracción de salario de convenio.

Denunciamos a los gobiernos de Macri y Morales como los agentes continuadores de este modelo K de precariedad.

Llamamos a una deliberación política de todos los trabajadores de las cooperativas, que hagan un balance en la perspectiva de una federación de cooperativas, sobre la base de la más amplia democracia interna, con elección de delegados y revocabilidad de mandatos, a levantar este programa exigiendo un plan de obras públicas que contemple viviendas, alumbrado, agua y cloacas, etc., y retomar la consigna del trabajo genuino, el pase a planta y salario de convenio.

Una derrota de las cooperativas significará la punta de lanza de todo un ataque sobre los trabajadores.


Los trabajadores jujeños enfrentan el desafío de delimitarse y desenmascarar el gobierno de Morales, y organizarse para enfrentar el ajuste bajo un programa que reivindique la independencia política de los trabajadores.


Jujuy: avanza la oposición en docentes universitarios

El 10 y 11 de diciembre se realizaron en Jujuy las elecciones para la renovación de la comisión directiva de Adiunju, el gremio de docentes universitarios, afiliado a Conadu Histórica.

En 2015, las bases docentes rompieron el “impasse” en el que estaba el gremio de la mano de la movilización contra el descuento compulsivo del impuesto a las ganancias, que había sido eliminado por decreto por el anterior rector, Enrique Arnau, en una medida demagógica para mantener apoyo. A fines de 2014 resultó electo rector Rodolfo Tecchi, ex ministro de Educación de la provincia, y rápidamente se puso en aviso a los docentes que la Afip iba cobrar el impuesto retroactivamente por los últimos cuatro años.

Este hecho produjo masivas asambleas y movilizaciones, donde la docencia superó a la dirección del gremio, que planteó abiertamente que los docentes entren en la moratoria, y al tapón que representó la política del PCR, que trató de imponer una línea intermedia entre el gremio y las bases. Ante la desconfianza a la conducción gremial, los docentes votaron un comité de seguimiento de las negociaciones.

Al calor de las asambleas, el activismo se fue reagrupando y terminó presentando la lista Tinku Solidario como alternativa política. La otra lista era el oficialismo K, que al seguidismo al gobierno sumó una lista vinculada con el rector Tecchi.

El oficialismo arrastraba una imagen negativa por haber acompañado las medidas que atacaron los derechos de los docentes y la educación superior: estatutos docentes “sui generis” para la regional de San Pedro (exigiendo ser menor de 40 años y tener residencia en la zona); apertura de carreras enteras (Trabajo Social, Historia, Economía política, Filosofía, etc.) sin convocatoria a concursos, docentes con contratos a tres años. En fin, todos ataques a las condiciones de trabajo y estabilidad docente. Tanto rechazo tenía la lista oficial que José Del Frari, su principal referente, no pudo ocupar los principales puestos.

El PCR, una corriente de gran peso en la docencia universitaria con su agrupación, Resistencia Universitaria, decidió no presentarse a elecciones porque “no habían tenido tiempo de procesar el debate internamente” y mantuvieron una política abstencionista que, ante una elección polarizada, fue leído como un apoyo implícito al oficialismo.

Votó más del 62% del padrón y la lista oficialista se impuso por escasos 36 votos (179 a 143). La oposición conquistó la representación por la minoría, con un vocal, un suplente y un congresal, y triunfó en las mesas de Ingeniería y la Escuela de Minas. La urna en la que el oficialismo sacó la mayor diferencia fue la del Rectorado...

Esto representa un importante avance para la conformación de una oposición combativa, que tome las reivindicaciones docentes y prepare un trabajo que la coloque en la tarea de recuperar el gremio en la próxima elección.

Hay grandes desafíos: se ha reformado el estatuto docente, habrá que organizarse para enfrentar el ajuste del gobierno, seguirá el debate sobre el impuesto a las ganancias y los términos de la moratoria que impuso la Afip.

La Tinku representa una reagrupamiento superador al entreguismo del oficialismo de Del Frari y compañía, por lo que el Partido Obrero la ha apoyado y colaborado dentro de sus posibilidades, junto a la oposición docente jujeña.


¡Grandes desafíos nos esperan! A encararlos con fuerzas renovadas.