jueves, 11 de mayo de 2017

PACTO ENTRE EL GOBERNADOR MORALES Y EL RECTORADO UNIVERSITARIO

Luego del ingreso policial en la universidad

Luego de la repercusión y el repudio nacional que causó el ingreso ilegal de la policía en la Universidad de Jujuy (Unju), que arrojó como saldo la detención de dos estudiantes (entre ellos el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias, que fue duramente golpeado), el gobierno de Gerardo Morales ha utilizado diversas estrategias para salir del conflicto: ha pasado de la confrontación directa a buscar un acuerdo que cierre “la grieta” con el Rectorado, que protestó por la intromisión de las fuerzas policiales.

Cuando ocurrió la agresión, diversos funcionarios avalaron y justificaron la irrupción de la policía en la facultad. Al tomar repercusión nacional el hecho, el gobernador se vio obligado a repudiar el accionar policial y buscó de esta manera reacomodarse.

Esta mini-crisis provocó la renuncia del jefe y subjefe de la policía y el procesamiento de 15 efectivos (cargos de privación ilegítima de la libertad entre otros) y del fiscal contravencional. Este hecho generó malestar entre la policía que denunció a Morales por mandarlos a hacer el “trabajo sucio” y después desentenderse. Incluso se generó una crisis entre Morales y el brazo estudiantil del radicalismo, Franja Morada, que no tuvo más remedio que criticar la irrupción policial (más adelante, la Franja se dedicó a hostigar a los estudiantes que impulsaban el movimiento de lucha contra los atropellos policiales).

La convocatoria a la sesión especial del Consejo Superior en la Facultad de Ciencias Agrarias, que contó con la participación de estudiantes, de la Fuba, Adiunju y Conadu Histórica (gremios docentes universitarios provincial y nacional, respectivamente), resolvió por unanimidad no aceptar las disculpas formales del gobernador, se propuso denunciar a los responsables del hecho y reclamar la derogación del Código Contravencional.

Frente a esta “ofensiva” universitaria, el bloque parlamentario radical sacó una solicitada en todos los medios atacando a los estudiantes, denunciando a los funcionarios universitarios y planteando que la Unju quiere “romper relaciones institucionales con el gobierno provincial”. Días después, se realizó un allanamiento a la casa del rector que rápidamente se convirtió en una notificación por una causa penal. También Franja Morada salió a atacar a los estudiantes en cada facultad.

Sin embargo, Morales decidió reorientar su política. Convocó el pasado miércoles 3 de mayo una reunión con los decanos de las cuatro facultades y el rector del a Unju en Casa de Gobierno. De la misma, salieron todos cerrando filas y dejando en el pasado el hecho en cuestión. Ninguna autoridad universitaria dijo nada sobre el planteo de derogación del Código Contravencional ni sobre la denuncia penal; y el gobernador planteó que “el aporte que hace la universidad a la comunidad jujeña es mucho”, al mismo tiempo que ratificó “el trabajo conjunto, armónico y de cooperación” (El Tribuno, 3/5). El elemento más destacado fue que el rector se comprometió a discutir con el gobierno un “protocolo de intervención” para los casos donde se ponga en riesgo la integridad de las personas o de los establecimientos: en definitiva, una habilitación de las fuerzas policiales dentro de la universidad.

Qué deja el conflicto y cómo seguir

El principal avance que deja el conflicto es que se logró instalar en la opinión pública el problema del código contravencional y su utilización para atacar cualquier tipo de manifestación. Hasta lo sucedido en Agrarias, no se había podido instalar ante la población el rol que jugaba como un instrumento de regimentación del gobierno: y eso que se había utilizado para detener a Milagro Sala por el acampe, a miembros del SEOM (municipales), para procesar a directivos del SOEAIL (sindicato azúcar Ledesma) y para reprimir a vendedores ambulantes, entre otros casos.

La UJS, juventud del Partido Obrero, caracterizó desde un inicio los límites de los planteos de los decanos y el rector, vinculados políticamente con el kirchnerismo; inclusive después de votar el pedido de derogación del código, plantearon mandarlo a la mesa de estudios jurídicos para ver si era inconstitucional o no. Lo que se buscó fue un “shock” mediático pero de ninguna manera podían ir hasta el final de los planteos.


El movimiento estudiantil debe sacar las conclusiones políticas del caso, los límites de las direcciones políticas que terminan arreglando por arriba con el radicalismo. Con esta orientación clara y la propuesta de abrir un debate con todos los luchadores, mantenemos nuestra campaña por la derogación del Código Contravencional, denunciándolo como el instrumento político del gobierno para regimentar a la juventud y a los trabajadores. Vamos por un paro activo en apoyo a los docentes que paran del 8 al 13 y a participar de la Marcha Federal Educativa.

Iñaki Aldasoro

MULTITUDINARIA MOVILIZACIÓN POR JOVEN DESAPARECIDA

Se trata de Alejandra Oscari. Encontraron un cuerpo sin vida que podría ser de la mujer
Más de 3.000 personas se movilizaron en la ciudad de San Pedro de Jujuy pidiendo justicia por Alejandra. La  convocatoria estuvo encabezada por los familiares de la joven, a la que también asistieron amigos, compañeros y estudiantes del terciario IES Nº 9 donde estudiaba. Organizaciones de mujeres y el Plenario de Trabajadoras se sumaron a esta movilización.

La enorme marcha se produjo después de que el viernes 5 de mayo se encontrara en la Ruta Nacional 34, en el acceso a la ciudad de San Pedro, el cuerpo calcinado de una mujer, que según las  pericias forenses habría sido quemada mientras se encontraba con vida y en estado de inconciencia. El cuerpo sería el de  Alejandra Oscari, de 22 años, que estaba desaparecida desde el jueves pasado.

Mientras la justicia aguarda los resultados de ADN que confirme la identidad de la víctima, se encuentra detenido el padrastro de la joven,  Raúl Oscari, quien es el principal sospechoso.

El brutal asesinato marca el cuarto femicidio en la ciudad de San Pedro y el sexto en la provincia de Jujuy en lo que va del año. Yolanda, Solange Velázquez (madre e hija) y Gladis Choque fueron víctimas de los otros casos que conmocionaron a la ciudad San Pedro, cuyo pedido de justicia también se hizo presente  en la marcha.

El incremento de violencia hacia la mujer revela que las políticas aplicadas por el gobierno de Gerardo Morales (UCR Cambiemos) no han servido para frenar este flagelo. La creación de organismos como la Secretaría de Paridad de Género ha sido incapaz de dar respuestas a las demanda del movimiento de mujeres. El ajuste, provincial y nacional, ha agravado el estado de vulnerabilidad de la familia trabajadora, particularmente de las mujeres y los niños.


Desde el Plenario de Trabajadoras seguiremos acompañando a los familiares de Alejandra en su exigencia de justicia.

Estela

Intentos de secuestro en Ledesma

El pueblo se moviliza. El intendente responsabiliza al pueblo
Durante la última semana de abril en Libertador General San Martín, Jujuy, se denunciaron al menos tres intentos de secuestro. El modus operandi fue siempre el mismo: vehículos sospechosos que abordan a víctimas de manera violenta intentando el secuestro. Todas ellas tienen alrededor de 20 años.

Una de las jóvenes hizo la denuncia en la Comisaría N° 39 “Salomón Guerra”, pero cuando el caso tomó estado público la policía negó que la misma haya sido realizada.

Frente a todo esto, los estudiantes del terciario IES Nº10 y compañeros de la denunciante reaccionaron de manera efectiva: usaron las redes sociales para denunciar la situación y convocaron a una movilización popular.

Fuerte movilización, con contradicciones

Cientos de jóvenes, docentes, familiares y vecinos marcharon desde el Comercial Nº4 hasta las puertas del municipio para exigir al intendente y al jefe de policía que tomaran cartas en el asunto. Allí presentaron un petitorio exigiendo mejoras en la iluminación y la presencia de agentes de seguridad pública en los establecimientos educativos y sus alrededores.

Sin embargo, al hacerse presente oficiales de policía para recibir el petitorio, fueron chiflados por la multitud. Ocurre que el terciario donde se produjeron estos ataques queda en pleno centro de Libertador, a escasas cuadras de una terminal de ómnibus que conecta con Salta e incluso un país limítrofe como Bolivia. Dada la edad de las mujeres, el método y el lugar en que se produjeron los intentos de secuestro, existe una fuerte sospecha de que estos hechos estén vinculados a la acción de una red de trata que funciona en una zona liberada.

Ante el pedido de presencia policial, el Plenario de Trabajadoras denunció que se trata de una de las instituciones del Estado que actúa en directa connivencia con el delito organizado y que por lo tanto una mayor presencia policial no representaría una solución.

Estos debates recorrieron la movilización, en la que también se planteó la necesidad de reformular el horario de cursada, conquistar el boleto estudiantil gratuito y la necesidad de un edificio propio. Otro de los reclamos fue la creación de guarderías maternales para estudiantes y docentes.

Declaraciones ¿desafortunadas?

Horas antes de la marcha el intendente radical de Cambiemos, Oscar Jayat, dijo en una entrevista radial  que "Libertador no es una isla" y que este tipo de hechos delictivos "también se dan en la provincia y en el país y que los padres deben cuidar más a sus hijos" .

Esta orientación que descarga la responsabilidad de la violencia en las víctimas, no es más que un intento de eximir al Estado de su responsabilidad en investigar estos hechos, lo que da la señal de que él también forma parte de la trama de encubrimiento.

Desde el Plenario de Trabajadoras repudiamos enérgicamente estas expresiones y exigimos una investigación independiente de lo ocurrido y la apertura de los libros de la comisarías a la consideración popular y de los organismos de Derechos Humanos. Exigimos que Jayat disponga de todos los recursos para garantizar un corredor seguro para las estudiantes, que contemple los reclamos de transporte gratuito a cargo del municipio e iluminación adecuada.

Advertimos que la policía sólo defiende los intereses de los poderosos y su cohorte. Es la misma policía que reprimió a los obreros azucareros el año pasado, cuando reclamaban un salario digno. Es la misma policía que ingresó a la facultad de Agrarias para amedrentar a los estudiantes gracias al aval de una contravención kirchnerista-radical.

Exigimos el inmediato desmantelamiento de la redes de trata y de todas las redes delictuales que se cobran la vida de las mujeres, como el narcotráfico.

Saludamos a los estudiantes del terciario IES 10 y su organización para esta marcha.

Ni una Menos. El Estado es responsable


Por la organización independiente de la mujer trabajadora.

Paula Retambay